Cancilleres y representantes de 17 países de América condenaron el martes el quiebre de la democracia en Venezuela y desconocieron a la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro, al tiempo que favorecieron una salida pacífica a la crisis que atraviesa ese país.

En la Declaración de Lima, de 16 puntos, los diplomáticos expresaron “su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela” y “su decisión de no reconocer a la Asamblea Constituyente” electa el 30 de julio, ni los actos que emanen de ella por su “carácter ilegítimo”.

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También resaltaron “su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional” (Parlamento), de mayoría opositora, “democráticamente electa”. En el documento, suscrito tras siete horas de reunión en la capital peruana, expresaron también “su condena a la violencia sistemática a los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, a la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres”.

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En el encuentro, que agrupó a representantes de países como Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia y Canadá, los diplomáticos aseguran actuar “con pleno respeto a las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia”.

En su declaración, precisaron su “convicción de que la negociación es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias” y se ofrecen a apoyarla.

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La Asamblea Constituyente, un “suprapoder”, legislará hasta por dos años –más allá de la culminación del mandato de Nicolás Maduro– para reescribir la Carta Magna de 1999 y al mismo tiempo tomar otras decisiones de efecto inmediato.

Para la oposición, que no participó en la conformación y elección de los miembros de la Constituyente, esta entidad permitirá que Maduro se perpetúe en el gobierno.

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