No sin polémica, los diputados modificaron por mayoría el artículo 7 de la ley 26659, que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, aprobada en abril de 2011. Las enmiendas convierten en delito la exploración sin autorización de recursos minerales en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentina, y estipulan duras sanciones penales contra los infractores.

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El Reino Unido ha sido avisado sobre esta decisión mediante un comunicado que difundió la embajada argentina en Londres. Según la nota, la ley ”provee sentencias a prisión de hasta 15 años, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, la prohibición de operar en Argentina para individuos y compañías, y la confiscación de equipamiento y cualquier hidrocarburo que sea extraído ilegalmente”.

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La embajada ha enviado asimismo al menos 200 cartas de advertencia a empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration, Falklands Oil and Gas y a sus ejecutivos, así como a las bolsas en las que operan dichas compañías. En ellas insta a que actúen de conformidad con las normas que regulan las actividades que desempañan bajo la amenaza de sanciones administrativas, civiles y penales provenientes de Buenos Aires.

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La Cancillería británica respondió inmediatamente afirmando que ”apoya rotundamente el derecho de los habitantes de las Falkland (Malvinas) a explotar sus recursos naturales para su propio beneficio económico” y calificó de ”totalmente legítima” la exploración y explotación de crudo en el archipiélago.

RT

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