La actuación del Servicio de Ingresos Internos (IRS), la Hacienda estadounidense, contra grupos de ideología conservadora, y el espionaje del Departamento de Justicia contra la agencia Associated Press, han llevado a denuncias de abuso de poder. La acción sobre AP, además, ha creado tensiones entre la prensa y la Casa Blanca.

No son solo voces desde el Partido Republicano. «Esta Administración llegó al poder hablando de la importancia de las libertades civiles, pero su actuación ha decepcionado», escribió ayer Dan Balz, el veterano cronista del «Washington Post». «Antes un faro, Obama ahora bajo el fuego por las libertades civiles», era el titular de un análisis de Reuters, que recordaba cómo en la campaña electoral de 2008 Obama exhibía su perfil de profesor de Derecho Constitucional, contrario al legado del presidenteGeorge Bush. A lo que se suma cómo varios medios destacan que Obama sigue sin cerrar la prisión de Guantánamo, a pesar de sus promesas.

La actitud de la Casa Blanca de distanciarse de la actuación del IRS y del Departamento de Justicia, al indicar que se trata de procedimientos llevados a cabo de modo autónomo en esas instancias, también ha provocado críticas contra Obama. «Aunque no esté implicado directamente, el presidente tiene responsabilidad por lo que sus funcionarios pueden y deben hacer», declaró Anthony Romero, director de American Civil Liberties Union.

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Esa actitud distante ha sido incluso contestada desde las propias filas de Obama. «No creo que nadie realmente crea que el presidente ha ofrecido suficiente respuesta» dijo el congresista demócrata Charlie Rangel.

En relación al escándalo del IRS, Obama tardó tres días en mostrar su enojo por las irregularidades desveladas el viernes. Pero incluso en su rueda de prensa del lunes habló en condicional, a la espera de una investigación, a pesar de que el propio IRS ya reconocía que se actuó de modo impropio contra grupos conservadores que buscaban ser exentos de tributación.

Contra el Tea Party

La nueva investigación ha confirmado que la unidad del IRS responsable de examinar solicitudes centró su escrutinio en los dos últimos años en entidades cuyo nombre incluía palabras como Tea Party y «patriot» o cuyo ideario era contrario al de la Administración. La Inspección los considera «criterios inapropiados», que no responden a la imparcialidad que se espera del fisco, aunque no ve indicios de que estuvieran motivados por intereses partidistas.

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Al conocerse el resultado del informe, Obama emitió un comunicado calificando de «intolerable» lo ocurrido y pidiendo al Tesoro que detecte a los responsables de esa actuación. El Congreso ha comenzado a tomar cartas en el asunto, intentando comprobar si la actuación dentro del IRS obedeció a consignas de arriba. Que las irregularidades ocurrieran en los meses previos a las elecciones de 2012 obliga a analizar una motivación política.

Por lo que se refiere a la actuación secreta del Departamento de Justicia, que en febrero obtuvo datos de las llamadas de teléfono realizadas por Associated Press en abril y mayo de 2012, los medios cerraron filas contra la Administración. En una carta colectiva al fiscal general, Eric Holder, los medios indican que «el alcance de esta acción pone en cuestión la integridad de las políticas del Departamento de Justicia» en relación al equilibrio entre la libertad de expresión y los requerimientos de seguridad nacional.

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Filtración

Los medios critican que, en respuesta a un información de AP sobre una acción de la CIA en Yemen, las autoridades quisieran detectar cómo se produjo la filtración supervisando las llamadas telefónicas de AP. Esto se hizo sin pedir la colaboración de la agencia, algo preceptivo salvo en caso de que las autoridades teman que se vayan a destruir documentos (y tratándose de registros de llamadas ya hechas, esa posibilidad no existía).

También cuestionan que se supervisara una veintena de teléfonos, utilizados por unos cien periodistas de AP. Por lo demás, hace un año la agencia retrasó unos días la publicación de la noticia, hasta que fue informada de que no ponía en peligro la operación ni la seguridad de nadie. Obama ha remitido toda la responsabilidad al Departamento de Justicia, y la Casa Blanca, junto con el fiscal general, han justificado la decisión tomada, sin que se hayan ofrecido más detalles.

Fuente: ABC.es

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