Tras la firma con Repsol, el acuerdo por YPF va al Congreso

El gobierno nacional concretó ayer la firma del acuerdo con Repsol para oficializar en los papeles la indemnización que recibirán los españoles por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. En representación de la Argentina firmó el ministro de Economía, Axel Kicillof, y por la petrolera europea hicieron lo propio Luis Suárez de Lezo Mantilla, secretario General de la firma y del Consejo de Administración, y Nemesio Fernández Cuesta Luca De Tena, director general de Negocios. Ahora el convenio quedó sujeto a la aprobación del Congreso nacional, que deberá darle su visto bueno antes del 1 de mayo, y de la Junta General de Accionistas de Repsol, que tiene tiempo hasta el 7 de abril.

”Al solo efecto de encontrar una solución amigable a la controversia, y contemplando el conjunto de los términos y condiciones previstos en este acuerdo, Repsol acepta la compensación ofrecida por la República Argentina por la expropiación de las acciones y demás conceptos contemplados en el acuerdo”, se plantea en la cláusula segunda del texto que dio a conocer el gobierno nacional minutos después de que Repsol lo comunicara a la Bolsa de Madrid. Otro punto importante del texto pone, tanto del lado de Repsol como del lado argentino, la obligación de ”desistir del derecho y de todas las acciones y reclamos extrajudiciales, judiciales y/o arbitrales” (ver aparte). El directorio de YPF aprobó ayer la conformidad de la empresa con esa condición (ver aparte).

Además se repiten todas las características ya dadas a conocer, como que la emisión inicial de bonos de la Argentina se dividirá en 3250 millones de dólares en una nueva especie llamada Bonar 24 con vencimiento a diez años y una tasa de interés del 8,75%; 500 millones de dólares de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7%; y 1250 millones de dólares del Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28 por ciento.

El ex titular del Banco Central, Mario Blejer, dio su respaldo al acuerdo al afirmar que es ”bueno para ambas partes” y ”positivo para el ambiente de los negocios”. En tanto, el ministro Kicillof había apuntado durante la mañana a quienes criticaron las cláusulas del acuerdo. ”Si pagáramos en efectivo, no sólo nos incinerarían porque es un problema pagar 5000 millones de dólares en efectivo sino que nos dirían irresponsables por no haber sacado un plazo”, afirmó.

Además apuntó que ”YPF es de Argentina porque se expropió con una ley del Congreso y el gobierno negoció con el anterior dueño durante dos años para terminar pagando hasta 2033”. En ese sentido, el ministro aseguró que ”no digo que sea malo para Repsol, pero para los 40 millones de argentinos haberse quedado con el control de YPF es muy bueno”, agregó en una ronda de entrevistas radiales que dio ayer por la mañana.

El titular de la cartera económica sostuvo también que el Estado está en el control de la empresa no hay colas y que a la gestión anterior les convenía desabastecer para conseguir aumentos de precios. ”Nuestro problema con Repsol no es que eran privados o que eran españoles: era que no invertían lo suficiente. Argentina creció tanto en los últimos años que el consumo de nafta se duplicó y la empresa no invirtió. Entonces era un lío”, explicó.

Sellaron el fin de conflictos judiciales

El directorio de YPF realizó ayer una reunión en el marco de la firma entre el Estado Nacional y Repsol y cerró el convenio con los españoles por el cual ambas empresas renuncian a toda acción o reclamo legal recíproco, por causas derivadas de la expropiación de acciones mediante la Ley N° 26.741, las que suman un total de 31.

”De esta manera, quedan sin efecto todos los conflictos judiciales con uno de los principales accionistas de YPF y despeja el horizonte jurídico de la compañía”, aseguró la empresa en un comunicado oficial. Ambas decisiones, dijeron desde la compañía que encabeza Miguel Galuccio, ”significan un paso trascendental para los planes de YPF ya que le permiten enfocar todo su esfuerzo y profesionalismo en el desarrollo de los recursos energéticos del país”.

Fuentes de la petrolera recordaron en diálogo con Tiempo Argentino que las denuncias no sólo alcazaban a YPF sino que también eran contra Chevron y Bridas, y recordaron que ponían límites a las inversiones y los acuerdos porque ”no consideraban al Estado nacional como legitimo poseedor de la compañía”.

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