Sin la cláusula RUFO, los fondos buitre dependerán de la iniciativa argentina

Este 31 de diciembre se cerrará el año en el cual se llegó al punto álgido en los litigios que los fondos buitre abrieron contra la Argentina, uno de los cuales concitó la suficiente atención como para ser denominado como el ”Juicio del Siglo”. A pesar de lo que muchos analistas, políticos y hasta los propios fondos esperaban, la postura de la Argentina primó en los foros internacionales. Uno de los debates más importantes giró en torno de si el país podía pagar el 100% a los fondos buitre sin activar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que extiende los beneficios de acuerdo superior a los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda. Esta cláusula vence a última hora de pasado mañana. Consultados por Tiempo, economistas y abogados analizaron la estrategia que el gobierno llevó adelante y opinaron sobre el futuro del conflicto en 2015.

Según consignó Tiempo Argentino, el abogado Marcelo Etchebarne, del estudio Etchebarne, Cabanellas y Kelly, señaló que un acuerdo bajo la cláusula RUFO habría implicado un incremento de deuda ”de U$S 500 mil millones, porque los fondos tienen títulos con tasas flotantes que tienen sentencias de once veces el valor original y 23 veces el del canje”.

Los términos de la negociación y el propio dinero en juego todavía son muy inciertos. Según los fallos, el total de los reclamos es de U$S 7932 millones con intereses más otras sentencias por U$S 793 millones sólo de capital.
Para Enrique Dentice, economista y docente de la Universidad Nacional de San Martín, ”a partir de enero la Argentina se va a poner a negociar en serio. Pero esto significa que no va a darles a los buitres todo lo que quieran, sino que va a partir de las mismas condiciones de los canjes anteriores”. En consecuencia, el proceso de negociación podría ser largo. ”No es probable que se llegue a un arreglo inmediatamente. Creo que recién en el segundo trimestre de 2015 avanzará el proceso hacia un resultado más concreto”, sentenció Dentice.

Etchebarne señaló que además del tiempo de negociación hay plazos burocráticos que complican un acuerdo. ”Arreglar con un pequeño grupo de bonistas es sencillo, pero si se quiere terminar con el problema hay que hacer una oferta pública, que requiere la aprobación de las comisiones de valores de los países en los que se hagan, tanto en Estados Unidos como en Europa”, especificó el abogado, quien agregó que dicho proceso podría llevar de seis a nueve meses.

Por su parte, Gabriel Holand, CEO de HR Global Financial Advisors, también fue escéptico respecto de una resolución rápida del litigio. ”La posibilidad de llegar a un acuerdo depende de si el equipo económico necesita dinero o no. En algún momento habrá un acuerdo, el problema es cuándo y cómo. Los buitres quieren cobrar por lo menos el 80%, y el gobierno va a ir con una propuesta mucho más agresiva. Esto es razonable, no se puede pagar todo lo que piden”, opinó. Destacó además que ”todos dicen que el gobierno quiere que la solución quede en manos del próximo gobierno; eso es una verdad a medias. La realidad indica que los buitres, teniendo las sentencias de todas las cortes de Estados Unidos, no lograron someter al rival, y ellos lo saben.”

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Los términos de la negociación y el propio dinero en juego todavía son muy inciertos. Según los fallos, el total de los reclamos es de U$S 7932 millones con intereses más otras sentencias por U$S 793 millones sólo de capital. Sin embargo, Dentice estimó en U$S 12 mil millones en total el stock de esta deuda, si se acepta el total del reclamo de los buitres y según tuiteó el abogado Eugenio Bruno, del Estudio Garrido, el pago llegaría a U$S 25 mil millones, de los cuales un 66% (unos U$S 16 mil millones) proviene del juzgado de Thomas Griesa en Nueva York y el resto se encuentra bajo litigios en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI). Etchebarne, por su parte, estimó que la deuda total es de U$S 6600 millones, que podría ascender a U$S 20 mil millones ”sumando intereses, punitorios y costas”.

Según Holand, ”lo que busca el gobierno es no dejarse presionar y no ceder de ninguna manera. ¿Se puede llegar a diciembre de 2015 sin un arreglo? Perfectamente, siempre y cuando aceptemos una caída del producto del 2 por ciento”. Pero estimó que buena parte de ese resultado desfavorable para la economía no depende de los buitres, ya que ”pagándoles tendríamos un decrecimiento del 0,5 o el 1 por ciento. Quizás el costo político de arreglar es más grande que el económico por no hacerlo. El gobierno podría decir ‘sostengo mi pensamiento y me retiro como un defensor de los intereses nacionales’, y sería cierto”, concluyó Holand.

Aún si las negociaciones prosperan, tampoco está garantizado que el conflicto se resuelva en 2015. Según Dentice, ”por la forma como se presentó la negociación, algunos acreedores van a quedar afuera. Así que no es una cuestión de dilatar una resolución porque hay otros bonistas que se sumarán con nuevas demandas”.

Dentice destacó que el inicio de las negociaciones podría abrir el mercado externo para financiar al país, aunque a tasas elevadas. Holand opinó lo mismo. ”Las tasas en el principio van a ser excesivamente altas.”

Frente a esto, Dentice opinó que no es una cuestión de abundancia de dinero, sino de falta de oportunidades de inversión rentable en el mundo. ”Los buitres no pueden cerrar las puertas al financiamiento cuando todos saben que el país tiene voluntad de pago y que ofrece rendimientos importantes”, declaró.

Para Dentice, es acuerdo podría hacerse en bonos. ”Incluso es posible que sea todo con títulos, no veo que la Argentina haga un gran pago al contado”, estimó, aunque podría ser bajo ley extranjera.

Una amenaza latente es que algunos bonistas pidan el total del capital por adelantado, operación conocida como aceleración, si no se llega a un acuerdo. Holand explicó que ”si voy contra el gobierno, hago caer la reestructuración y voy contra mi flujo de caja, porque no sé cuándo voy a cobrar. Al final puede que me salga más caro que esperar”. Finalmente, el especialista en finanzas aseguró que ”si tengo que apostar, me juego por la Argentina a dos o tres años, compro sus títulos públicos y las acciones de YPF. En el mediano plazo, son una gran oportunidad”.

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Se diluyen las amenazas de embargos

Con el reciente aval que obtuvieron de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, los fondos buitre han sido habilitados para conocer el paradero de los activos de la Argentina en todo el mundo, procedimiento llamado Discovery, con el objetivo de embargarlos. El argumento usualmente esgrimido por los especuladores apunta al alter ego, es decir, que cierta entidad en realidad es un apéndice del gobierno.

Sin embargo, dos casos que se encuentran en la justicia de Estados Unidos demuestran que es más fácil sentenciar a favor del Discovery que ponerlo en práctica. Son los casos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se encuentra en la misma Cámara que habilitó el Discovery, y otro que lleva adelante el juez Jeffrey Steven White del distrito norte de California, sobre los contratos entre YPF y la empresa estadounidense Chevron.

La resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York resulta una suerte de ”caso madre” para procesos como el de YPF, porque habilita a realizar las operaciones que los fondos debían reclamar de una en una ante diferentes tribunales. Por ello, White decidió esta semana anular la audiencia que tenía programada para el 13 de febrero. No obstante, dicho fallo sólo permite la investigación de los bienes, a los efectos de esclarecer si pueden ser embargados o no.

Los especialistas coinciden en que esto es poco factible. ”Si no lo hicieron hasta ahora es porque probablemente sea muy difícil. Esto no es una táctica de negociación, es una simple y llana extorsión”, opinó el economista Enrique Dentice. Por otro lado, para Gabriel Holand, los fondos realizan estas acciones como último recurso ”porque saben que no pueden obligar al país a pagar”.

Los abogados tampoco creen que tengan posibilidades de éxito. Stella Maris Biocca, especialista en Derecho Público Internacional, explicó que ”los bienes calificados como bienes públicos no serán embargables y tampoco los amparados por la inmunidad diplomática”. Marcelo Etchebarne especificó, además, que ”pueden buscar activos de terceros vinculados con la Argentina pero respetando su calidad de soberano extranjero. No creo que sirva para encontrar activos relevantes. Puede servir en el caso de Lázaro Báez”, en relación a un proceso en el que se investiga al empresario en el estado de Nevada a pedido de los buitres.

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