Una situación inédita. Esa es la forma a través de la cual el gobierno nacional explica el escenario que se ha creado a partir del desacuerdo en las negociaciones con los fondos buitre en Nueva York.

En realidad, lo que busca es desmarcarse de la idea de un default clásico y, por lo tanto, del impacto sobre la economía nacional que semejante situación acarrearía.

Según consignó Tiempo Argentino, los argumentos son muy claros. Por un lado, la aseveración de que, más allá de los problemas económicos que hayan surgido en los últimos meses, sostienen, la solidez de la economía argentina está descontada y dista largamente del cuadro de insolvencia y dislocamiento de la economía que atravesara nuestro país durante el año 2001 y que derivó finalmente en un cuadro de cesación de pagos. En aquel entonces existía un fuerte cuadro recesivo, un tipo de cambio fuertemente sobrevaluado y una desocupación superior al 20% entre otros factores alarmantes y muy distantes de la actual situación.

”Hay que reforzar mecanismos de control del comercio exterior donde hay fuertes prácticas de evasión y abordar el gran fenómeno de estos últimos años, que es el crecimiento de la fuga de capitales”.

En este caso, argumentan desde el Ministerio de Economía, se trata de una resolución de un juez que impide a la Argentina cumplir con sus compromisos con el resto de los bonistas mediante un fallo judicial. Incluso se descuenta que el gobierno estaría dispuesto e incluso en condiciones de afrontar el pago del 100% de la deuda a los holdouts, pero está obligado a esperar hasta enero de 2015 y velar por que no se dispare la cláusula RUFO, que derribaría toda la ingeniería de la reestructuración de la deuda a través de los canjes de 2005 y 2010 y podría llevar nuevamente el monto de la deuda a un 100% del PBI.

Por otro lado, para deshechar la idea de un default, aseguran que la Argentina ya depositó el dinero de los vencimientos de los bonos reestructurados y su bloqueo por parte del juez Griesa escapa a las capacidades y responsabilidades del gobierno nacional. En palabras del presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, ”no es default, es retención de pagos”.

Para fortalecer esa idea, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich aseguró que el país estaba dispuesto a llevar el problema hasta el tribunal de la Haya a través de una apelación.

A pesar de eso, Standard & Poor’s, el propio miércoles 30, anunció que la Argentina había ingresado en un ”default selectivo” y luego fue acompañada por sus pares de Fitch y Moody’s.

El viernes se produjo una definición unánime de la organización International Swaps and Derivatives Association (ISDA), cuyo directorio compuesto por 15 miembros anónimos de instituciones conocidas como el J.P Morgan, Citibank y el propio NML, que detentan el derecho a determinar si los credit default swaps (CDS), seguros contra default, deben gatillar, se pronunció en sentido negativo para la Argentina. Para el mercado financiero, los bonos de la Argentina ingresaron efectivamente en default y por lo tanto los tenedores de seguros contra default tienen derecho a cobrar esa indemnización de parte de las aseguradoras. Con todo, ese diferendo en particular no involucra a la Argentina, puesto que los seguros contra default son derivados financieros que se suscriben entre privados en una suerte de ”apuesta”.

El ministro de economía Axel Kiciloff explicó que, incluso en caso de que no se llegara a un arreglo entre privados, que no descartó a pesar de fundamentar la inviabilidad de ser ejecutado por bancos locales que cuentan con participación del Estado en sus carteras (podría disparar la cláusula RUFO), para que efectivamente se creen las condiciones para que los bonistas que ingresaron al canje configuren una situación de default deberían reclamar que se accionen las cláusulas de aceleración de sus bonos, que implican el reclamo del pago de una sola vez del capital y los intereses de la deuda de los bonos.

Para eso, explicó en conferencia de prensa, es necesario que ante la imposibilidad de acceder al cobro de una de las cuotas se agrupen un 25% de los tenedores de cada bono y eleven el reclamo al BoNY que, a su turno, tendrá 60 días para determinar si efectivamente corresponde la aceleración de ese bono. Para eso, dijo, falta mucho tiempo.

Además existe la fuerte opinión de que esta posibilidad no se sustanciaría. Es que más allá de la dificultad jurídica que implicaría demostrar la cesación de pagos cuando Argentina depositó sus vencimientos, por el sencillo motivo de que no les conviene a los propios holdin.

Es que, por un lado, obligaría a una nueva reestructuración (no hay recursos para afrontar semejante pago de una sola vez), en segundo lugar la acción desvalorizaría fuertemente sus propios bonos cuando, en definitiva, existe la certeza de que Argentina destrabará el pago de sus obligaciones, en el peor de los casos, en enero de 2015. Para Héctor Valle, economista de FIDE consultado por Tiempo Argentino, efectivamente ”los plazos son muy cortos para que eso ocurra, deberían juntar un 25% de los bonistas y Argentina tiene recursos para contraponer, no se justifica”, explicó.

Con todo, esta nueva situación ha creado un escenario al menos enrarecido y, sobre todo, desconocido.

Es dificil prever, por lo tanto, el impacto que pueda tener sobre las variables de la macroeconomía y en el mercado financiero en particular y, por lo tanto, establecer qué medidas podrían tomarse para controlar el impacto y evitar fugas de capitales, ataques a la moneda y otras acciones que pudieran desestabilizar la economía nacional.

Según coincidieron los economistas consultados, el impacto del desacuerdo, en principio, congelaría el rumbo de la normalización de las relaciones con el mercado de capitales que había adoptado la Argentina para atravesar la desaceleración económica y la recesión industrial.

Según Valle, de hecho, ”juega a favor que la Argentina no depende del financiamiento ni de las inversiones externas. El problema con los buitres no determina la recesión. La industria está estancada por factores estructurales. Tiene que ver con otros fenómenos, como la desaceleración de Brasil, la concentración de los grupos económicos, el atraso del Banco del Sur. Esos son los fenómenos que anclan el crecimiento”, alertó.

Sin embargo, según el propio economista, ”el gobierno tenía una política de resolver los temas pendientes para acceder al mercado de capitales e inversiones externas como un conjunto estratégico de políticas para recuperar el crecimiento. A esa política le tiran un misilazo por debajo de la línea de flotación. Interrumpen una estrategia instalada socialmente y con gran consenso. El gobierno queda a mitad de camino”, se lamentó.

Por su parte, Jorge Marchini, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, coincidió en que ”Argentina no reingresará fácilmente al mercado de capitales. El problema será en 2015 y no ahora.”

Según Valle, se van a percibir efectos ”en el campo especulativo, donde vamos a seguir asistiendo a los bandazos de las últimas semanas, donde rumores aprecian el dólar y cae la Bolsa y viceversa. Es un escenario muy volátil”, desestimó.

Para Marchini, el escenario de escasez de divisas obligará a una profundización de los mecanismos de control del comercio exterior, que es de donde provienen las divisas. Allí, asegura, ”hay un fenómeno serio de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, además de prácticas de contrabando directo”, explicó.

Además, el economista del CESO  se inclinó por ”cuidar los giros de divisas y eventualmente una reestructuración de pagos, porque habrá que ver cómo se aborda el tema de la deuda a futuro, viendo cuáles son las prioridades y las condiciones”, y por último establecer políticas capaces de ”evitar el gran fenómeno de estos ultimos años, que es el crecimiento de fuga de capitales”, porque, continuó, ”lo esencial es recuperar la capacidad de ahorro, la reserva de valor en el país, y evitar que esas reservas se vayan afuera y luego se pidan como préstamos. Por eso son muy relevantes los anuncios del Banco del BRICS, además de, ahora más que nunca, avanzar en la integración regional.” concluyó.

La cifra

60 días es lo que tardaría el BoNY en aceptar un eventual pedido de aceleración de los holdin a partir del pedido de un 25% de tenedores de cada bono.

Visiones

”Hay que reforzar mecanismos de control del comercio exterior donde hay fuertes prácticas de evasión y abordar el gran fenómeno de estos últimos años, que es el crecimiento de la fuga de capitales”: Jorge Marchini (Economista CESO).

”El problema con los buitres no determina la recesión. La industria está estancada por factores estructurales como la concentración económica y la desaceleración de Brasil”: Héctor Valle (Economista FIDE).

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