A la luz de datos que aporta más de un entendido, podría decirse que el Gobierno se extralimitó en su afán de recomponer las tarifas de servicios publicos. Un ejemplo es el precio del Gas que, de aumentar según las reglas previstas, en octubre debería catapultarse un 70% promedio para el consumidor final. La suba no sólo parece indigerible sino que está fundada en principios que poco tienen que ver con la libre competencia que reivindican empresas y el propio Gobierno.

Para que se produzca ese salto no se necesita ninguna medida adicional a las ya adoptadas, en algunos casos convalidadas por audiencias públicas. Sólo se trata de ver cuál es el precio previsto para el gas mayorista, aplicarle un nuevo tipo de cambio y calcular el impacto que ese nuevo valor tendrá en el resto de la cadena.

Raúl Bertero, vicerrector a la facultad de Ingeniería de la UBA y responsable en esa casa de estudios del Ceare (Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética) planteó la alerta días atrás en un seminario que la Ucema organizó junto al Instituto Mosconi para analizar la competencia -o falta de ella- en el mercado energético local. En su presentación “Tarifas del gas. Los límites de la realidad”, explicó como por un mix de senderos de precios definidos o avalados por el Gobierno y la devaluación, el ajuste para la primavera llegará a un impolítico 70%.

Una de las herramientas para ponerle precio al gas boca de pozo es un acuerdo que, a instancia del Estado, celebraron los productores y las distribuidoras, habilitadas a transferir a las facturas finales los mayores costos de su insumo. La escala prevista llevaría de los actuales u$s 3,95 el millón de BTU a u$s 4,75 en octubre de este año, para recalar en 6,50 en 2019. De punta a punta, un 65% de aumento en moneda dura.

El cuadro es inquietante en varios sentidos, empezando por el divorcio que ya existe entre aquella evolución y la del salario mínimo y respecto de los precios del producto en el mundo. En ambos casos, más rezagados, según señaló el expositor.

En el mundillo energético se está mascullando la idea de que aquel pacto puede resultar colusivo o atentatorio de la libre competencia. Lo mismo ocurre con el acuerdo que el Gobierno discutió y rediscutió con petroleros y refinadores, que concebido para contener el precio de las naftas pero finalmente utilizado para diagramar el esquema de subas hasta fin del mandato. El lobby de los productores ganó unos tantos.

En ambos casos los precios surgen de acuerdos de las partes, con apañamiento oficial, y no del libre encuentro de la oferta y demanda. Y la única competencia a la vista es la de los actores en pugna: productores y distribuidores o refinadores.

Otra duda es si garantizar un precio alto del gas mayorista no entraña más problemas que beneficios. Bertero reconoce el valor de Vaca Muerta, cuyo desarrollo permitiría que en pocos años abunde en el país el gas que hoy escasea. Pero esa promesa contrasta con la actual realidad de un subsidio, que le garantiza a los productores del gas no convencional -cuya extracción es técnicamente más compleja y costosa- la diferencia entre el precio promedio de mercado y u$s 7,5 el MMBTU.

En su flamante libro ‘El futuro del petróleo y la energía’, el consultor Raúl Parisi consideró arbitrariamente alta esa vara y cuantificó el eventual perjuicio de usarla. Por cada dólar que sube el gas mayorista, “se penaliza la competitividad en u$s 1.745 millones”. Y para el autor u$s 5,5 son remuneración suficiente: así, la (innecesaria) transferencia de ingresos a las petroleras rozaría los u$s 3.500 millones anuales.

El tema empezó a resultar incómodo para muchos. Lejos de los micrófonos, hasta los productores de gas no convencional reconocen que con menos de u$s 5 la ecuación ya les cierra. No es muy complicado hacer los números que permitan ver la envergadura del beneficio extra, que las empresas defienden con el atendible argumento de que es mejor producir gas acá que importarlo más caro.

“Ustedes hicieron lobby para que el precio de referencia estuviera en u$s 7,5”, le espetó en privado un funcionario de Energía a un ejecutivo de Techint presente en el seminario de Ucema. Tecpetrol, la energética de los Rocca, está ejecutando con gran rapidez una inversión muy ambiciosa en Neuquén, en parte con el aliento de aquella subvención. Pero es sólo una de las que la aprovechan.

El salto en el precio del gas para el segundo semestre también incluye las recomposiciones previstas para el transporte y la distribución, lo que catapultaría las facturas a niveles difíciles de tolerar. Esto empuja a repensar la lógica del sistema.

Vetar la ley que pretendía reformular los precios de los servicios públicos fue casi un juego de niños frente a otros desafíos políticos en el rubro que enfrenta la administración macrista. Entre ellos, tal vez revisar los caminos elegidos para definir esas tarifas, antes que el Congreso consiga cómo hacerlo de prepo.

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