Los pequeños emprendedores toleran los costos económicos y humanos de operar en la informalidad porque peor es intentar hacerlo bajo el amparo del Estado.

Por abusivas y onerosas que sean las condiciones de las “Saladas”, terminan siendo menos confiscatorias que las obligaciones que impone el Estado. Los pequeños emprendedores toleran los costos económicos y humanos de operar en la informalidad porque peor es intentar hacerlo bajo el amparo del Estado”.

La caída y posible desmantelamiento de La Salada, un ícono del comercio ilegal, es un cambio positivo. Pero para que sea sustentable -además de reforzar el accionar policial- es imprescindible reformar el sistema impositivo y modernizar el Estado para que sea más amigable con el ciudadano. Esta es la única forma que las personas puedan trabajar y dedicarse al comercio de manera legal y decente y no dependan de extorsionadores y criminales que lucran con la informalidad.

Sólo con diferencias de matices, estas ferias de ventas ilegales se reproducen en otras partes del país. En muchos casos incluyen además la invasión del espacio público. La Salada, lejos de ser un caso excepcional, es el arquetipo de una modalidad de comercialización profusamente extendida en el país. Tan es así que estos lugares pasaron a ser llamados coloquialmente las “Saladitas”.

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¿La erradicación de estas prácticas delictivas depende solo de las intervenciones policiales? Para indagar sobre este tema resultan sugerentes algunas evidencias que se encuentran en el informe Doing Business del Banco Mundial. Esta publicación mide, para una gran cantidad de países, cuánto representan los impuestos en la rentabilidad normal de un comerciante. Para el caso de la Argentina señala que:

* El impuesto a los Ingresos Brutos representa el 53% de la rentabilidad.
* Las contribuciones patronales para la seguridad social el 29% de la rentabilidad.
* El impuesto al Cheque el 17% de la rentabilidad.

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Estos datos muestran que solo estos tres impuestos absorben toda la rentabilidad que un comerciante esperaría obtener de su actividad bajo condiciones normales. Si se suman el resto de los tributos, Doing Business estima que se llega al equivalente de aproximadamente el 106% de la rentabilidad normal. Es decir, bajo el actual sistema tributario sólo quienes logran una rentabilidad superior a la normal estarían en condiciones de cumplir con el pago de todos los impuestos y generar un excedente. Para quienes no tienen una posición dominante de mercado que les permita obtener una rentabilidad extraordinaria la única alternativa que les queda es operar en la informalidad.

Para terminar con las “Saladas” no alcanza con el accionar policial. Es fundamental crear un entorno regulatorio más amigable y establecer un sistema impositivo más racional. Por abusivas y onerosas que sean las condiciones de las “Saladas”, terminan siendo menos confiscatorias que las obligaciones que impone el Estado. Los pequeños emprendedores toleran los costos económicos y humanos de operar en la informalidad porque peor es intentar hacerlo bajo el amparo del Estado. Por eso, los extorsionadores y criminales pueden obtener enormes beneficios y hasta se permiten contaminar al poder político.

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Es auspicioso que la policía desmantele esos lugares de ilegalidad y someta a sus mentores a la justicia. Pero no será sustentable si no se baja sustancialmente el costo de trabajar y comerciar en la legalidad. Las “Saladas” son la demostración más cabal de la necesidad de contar con un Estado moderno, que gaste menos y administre mejor. Esta es la única vía para disminuir la presión impositiva, brindar servicios de calidad y, de esa manera, darle a la gente la opción de poder trabajar en la legalidad y con decencia.

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