Las acciones instrumentadas para alcanzar este objetivo, tuvieron que ver fundamentalmente con la emisión de un bono atado al valor del dólar para que las cerealeras comenzaran a vender los granos que acaparan en silos a la espera de una mayor devaluación –lo cual permitió el ingreso de alrededor de 500 millones de dólares–, así como con el ingreso de una parte –no especificada aún– de los 940 millones de dólares que a Chevron le restaba ingresar por su acuerdo con YPF para invertir en la producción de combustibles no convencionales. También, con el mayor encarecimiento del dólar, que limitó en parte su compra, gracias a una tasa de devaluación que subió, en términos anualizados, de un 35% en noviembre a más del 80% en diciembre. Como apoyo a su estrategia de fomentar el ingreso de divisas, el Gobierno extendió también por tres meses, hasta el 31 de marzo, el programa de blanqueo de capitales iniciado en junio, más allá de que hasta el momento no cumplió con las expectativas.

Si bien es excesivamente prematuro determinar en qué medida se podrá mantener este logro, lo cierto es que el contexto de freno a la caída de divisas resultó propicio para que el equipo económico pudiera concentrar sus energías en su segundo gran objetivo, esta vez relacionado con el frente interno: desacelerar el proceso inflacionario. Para ello, presentó el pasado viernes la canasta de productos de primera necesidad con precios acordados con productores, distribuidores y comercializadores, que comenzará a regir desde mañana. Se trata de un total de 194 productos de almacén, bebidas, carnicería, verdulería, lácteos, panificados, perfumería, artículos de limpieza y hasta librería, tanto de primeras como de segundas marcas, que se venderán a precios acordados durante todo el año –con revisiones trimestrales que podrán incluir subas en algunos de sus precios–, en las principales cadenas de supermercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, para luego extenderlos a los supermercados de orientales y al resto del país.

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En rigor, el plan para regular la especulación con los artículos de consumo masivo dentro de un contexto inflacionario comenzó en marzo del año pasado, cuando el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno llevó adelante un congelamiento de precios general que abarcaba a casi 10.000 productos, el cual se redujo para junio a 500.

De acuerdo al Centro Cifra de la CTA, dicho congelamiento “probablemente haya influido” en una inicial contención de la inflación, pues durante el primer trimestre de 2013 las subas interanuales estuvieron en torno al 24-26%, mientras que en abril los incrementos interanuales fueron del 22,3%. Sin embargo, sobre finales del año, poco quedó del mismo, debido a dificultades en su desarrollo y al boicot de algunos actores. En este último aspecto, según reveló Economía, al menos seis marcas líderes –La Serenísima, SanCor, Rosamonte, Nobleza Gaucha, Magistral y Ayudín– modificaban muy levemente los componentes de sus productos y cambiaban el packaging para poder subir los precios hasta un 250%. Asimismo, se denunciaron maniobras de los supermercados para retirar u ocultar de las góndolas los productos con precios acordados.

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Según se desprende de lo expresado por el Gobierno, las principales diferencias del actual acuerdo, que se encargan de remarcar que “no es un congelamiento sino un acuerdo voluntario”, consta de varios puntos. Entre los mismos, destacan que el equipo liderado por el reciente designado secretario de Comercio Augusto Costa trabajó durante todo un mes con los 70 proveedores en analizar los componentes de la cadena de valor, para verificar la legitimidad de posibles subas trimestrales; que no contemplará brechas de precios máximos para cada producto sino que será el mismo para todos los puntos de venta; que se realizará un seguimiento por medio del número telefónico gratuito 0800 666 1518 para consultas y denuncias, y que se trabajará fuertemente para comunicar a la población tanto los productos que integran la canasta como sus precios, por medio de carteles en la vidriera de los supermercados, difusión en televisión, radio, gráfica, vía pública y a través del sitio http://www.precioscuidados.com/productos.

El lanzamiento del acuerdo tuvo también el respaldo de la Asociación de Supermercados Unidos, que integran Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, Walmart y La Anónima, pues su titular, Alfredo Coto, fue uno de los presentes en el acto realizado en Casa de Gobierno, junto a otros funcionarios entre los que se encontraban Costa; la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien resaltó que “en promedio, el acuerdo implicó una reducción del siete por ciento en los precios de la canasta”. Así, es fuerte la expectativa del Gobierno por lograr este segundo objetivo, de limitar mediante la regulación estatal el proceso inflacionario en los bienes de primera necesidad, evitando las medidas de ajuste y enfriamiento de la economía que impulsa una importante parte de la oposición.

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Por cierto que junto a estos dos objetivos económicos fundamentales –cuidar las reservas y contener la inflación–, el Gobierno detalló el jueves pasado los otros que tenía en carpeta. Según transmitió Capitanich por medio de su cuenta de Twitter, por instrucción de la Presidenta se fijaron 204 objetivos y 272 metas para el 2014, las cuales, en materia económica, tienen que ver con lograr un incremento de las exportaciones a 94.000 millones de dólares; superar las 110 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, construir 100.000 viviendas con recursos nacionales; lograr una tasa de desempleo inferior al 6,3% y de empleo no registrado menor del 30% incorporando a más de 430.000 trabajadores no registrados; incrementar en 1.625 MW la potencia de generación de energía eléctrica y llegar a un aumento de 3.250 para 2015, así como desarrollar 756 kilómetros de líneas de alta tensión para su transporte.

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