El ministro de Trabajo, Carlos Tomada que encabezó el lanzamiento, expresó que el objetivo ”es trabajar sobre la necesidad de profundizar las política públicas que combaten el trabajo no registrado”, y reclamó que ”también es imprescindible la participación del sector sindical y de los empleadores.”

El programa que presentó Tomada consiste en una serie de iniciativas públicas para combatir el fenómeno a nivel federal. Entre los objetivos está el ”fortalecimiento de facultades nacionales” por la vía de la ”consolidación de Facultades de Inspección” de la cartera laboral nacional.

El proyecto también impulsa lo que denomina ”nuevos procedimientos de fiscalización del trabajo”, como la creación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, entre otras iniciativas.

Otro de los ejes impulsa el otorgamiento de ”incentivos económicos” y en esa línea también la creación de un régimen especial para microempresas. Además, el programa hace especial hincapié en profundizar la acción pública con intervenciones en ”sectores críticos” de la economía.

Otro eje de la propuesta oficial consiste en la integración de un equipo multidisciplinario integrado por economistas, abogados y contadores focalizado en el empleo irregular y la subcontratación en actividades puntuales.

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