El proyecto de marco de trabajo para la discusión en las Naciones Unidas de una regulación global de las reestructuraciones de deudas soberanas, y que está en estudio del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propone la creación de un Comité Especial que sería el encargado de elaborar el proyecto de marco jurídico y que debería presentar el resultado de sus deliberaciones a lo largo del año que viene.

Así se desprende de la lectura del documento que presentó el Grupo de los 77 + China (G-77+China) el pasado 17 de octubre a la Secretaría General de la ONU, que comenzó a circular en estos días y al que tuvo acceso Tiempo Argentino.

La iniciativa, bautizada como ”Modalidades para las negociaciones intergubernamentales y la adopción de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”, propone en su primer inciso la creación de un Comité Especial (CE) que tenga como objetivo la elaboración de ”un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana. La decisión incluye un proceso de negociaciones intergubernamental al cual están invitados a participar todos los estados miembros de la ONU. El objetivo del marco jurídico que elevará la CE es ”incrementar la eficiencia, estabilidad y previsión del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sustentable, inclusivo y equitativo”.

Lo que buscan los países nucleados en ese espacio es evitar en el futuro la repetición de casos como el exhorto para que la Argentina pague a los bonistas representados por los buitres en mejores condiciones.
El CE, agrega la propuesta, deberá reunirse al menos tres veces en febrero, abril y junio de 2015. Cada reunión tendrá como mínimo cuatro días de duración. El lugar sugerido para los encuentros es la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

En esa línea, el borrador del proyecto pide al presidente de la Asamblea General que tome las medidas necesarias para que el CE concluya su trabajo ”de una manera oportuna, incluyendo la designación de dos copresidentes”. Para eso pide al secretario general Ban Ki-moon que llame a los miembros a presentar sugerencias para el futuro marco jurídico ”a más tardar tres semanas antes de la primera reunión del CE”, es decir, durante la primera semana de febrero tendrían que estar presentadas todas las sugerencias y abordajes a discutir. La invitación es extensiva a otros actores (cuerpos y organizaciones del sistema de la ONU, Organizaciones Intergubernamentales y ONG, referentes del sector privado y académico), ”con un interés en la materia para hacer contribuciones a la labor encomendada al CE”.

El documento del G-77 + China pide además al secretario general que fomente la participación ”activa” de los países en desarrollo en los trabajos del comité ad hoc. Además invita a ”donantes internacionales y bilaterales, así como del sector privado, instituciones financieras, fundaciones y otros donantes que estén en condiciones de hacerlo, para apoyar la labor del Comité ad hoc a través de contribuciones voluntarias, incluyendo la cobertura de boletos de avión en clase económica y dietas y gastos de salida”.

El CE tendrá el mandato de presentar el año que viene ante la Asamblea General de la ONU ”en su sexagésimo período de sesiones una propuesta de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana para su consideración y acción apropiada”, en orden con lo establece el décimo punto de la propuesta del G-77 + China.

En líneas generales, lo que buscan los países nucleados en ese espacio es evitar en el futuro la repetición de casos como el exhorto para que la Argentina pague a los bonistas representados por los buitres en mejores condiciones que a los tenedores de deuda local que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

La idea de impulsar un mecanismo para contrarrestar la presión de los fondos especulativos empezó a tomar forma el 15 de junio pasado, en la cumbre del G-77 + China en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ese día, el importante plenario de los países emergentes reunido emitió un comunicado en el que reconoció que la resolución de los problemas de la deuda externa de los países en desarrollo ”constituye una parte importante de la cooperación internacional”. En ese orden, el órgano multilateral, resaltó ”la necesidad urgente de que la comunidad internacional examine diferentes opciones para establecer un mecanismo” mundial orientado al desarrollo, por lo que exhortó a la comunidad internacional a debatir un proyecto.

En la cita de Bolivia, los reunidos plantearon expresamente el problema de los fondos buitre con el caso argentino como referencia ineludible. En concreto, el plenario señaló que ”ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo” y apuntó que esos actores financieros ”plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda”. Por esa razón llamó a ”buscar soluciones urgentes” con el objetivo puesto en reducir el riesgo de las economías.

Más allá de una posible salida coyuntural, el foro abogó por una propuesta que atienda la necesidad de reformar la estructura financiera internacional hacia la realización de un sector financiero internacional ”debidamente reglamentado que reduzca y desestimule las inversiones especulativas, a fin de que se puedan movilizar los mercados de capital para alcanzar el desarrollo sostenible, y de que esos mercados desempeñen un papel constructivo en la agenda mundial para el desarrollo”.

En particular, el G-77 + China denunció en Bolivia la falta de regulación ”para garantizar la estabilidad financiera, los problemas de las monedas de reserva, la inestabilidad de los tipos de cambio, las grandes corrientes transfronterizas de capital especulativo y la insuficiencia o inexistencia de liquidez para los países en desarrollo necesitados de recursos financieros”, enumeró.

El pronunciamiento de junio dejó muy claras sus intenciones estratégicas cuando señaló que la labor para reformar la estructura financiera internacional ”se debería por tanto reforzar seriamente y coordinar a nivel internacional” con especial relevancia de los países en desarrollo. En línea con esa perspectiva, el G-77 + China pidió concretamente ”una reforma amplia de las instituciones de Bretton Woods”, democratizando el poder de voto con la intención de garantizar ”una mayor equidad entre países desarrollados y países en desarrollo y eliminar todo tipo de condiciones relacionadas con la ayuda”.

La posición precedente se destaca por la adhesión de China, una de las mayores potencias del planeta, que tiene a Latinoamérica (en tanto parte del Hemisferio Sur) como territorio estratégico para su proyección mundial. La adhesión de China sintoniza por otra parte con el apoyo que el gobierno ruso realizó el 9 de octubre pasado en videconferencia con la presidenta de la nación, Cristina Fernández.

Así configuradas los respaldos internacionales a la Argentina, no llamó tanto la atención el posicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en una manifestación inédita cuestionó días atrás los fallos del juez Griesa contra la Argentina porque ”pueden exacerbar problemas de acción colectiva”. El mensaje del ente financiero internacional concitó la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, que hasta ese momento se había manifestado contrario a los intereses argentinos afectados por el cepo de Griesa.

Por medio de un documento titulado ”Fortalecimiento del marco contractual para abordar los problemas de acción colectiva en la reestructuración de la deuda soberana”, el FMI reconoció que las decisiones del juez neoyorquino contra el país pueden ”hacer el proceso de reestructuración de deuda soberana más complicado”. En sintonía con ese pronunciamiento, en agosto el Fondo discutió con actores del mundo financiero como la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) posibles cambios en la regulación internacional.

Volviendo al caso del G-77 + China, el cronograma para el debate fue propuesto por Bolivia en su calidad de presidente del ente multinacional, que logró el visto bueno que la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 9 de septiembre por medio de la Resolución 68/304, aprobada con 124 votos favorables, 41 abstenciones y 11 votos negativos.

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