Los holdouts volvieron a aumentar el gasto en lobbistas y durante el año pasado superaron por primera vez el millón de dólares en la búsqueda de influir en la opinión de los congresistas de los Estados Unidos. Además, este alza hace que en los últimos siete años hayan destinado más de U$S 4,6 millones en este tipo de operaciones de influencia.

La American Task Force Argentina (ATFA) –que representa a los acreedores que no entraron a los canjes– encabezó así la lista de ”inversiones” en Washington por temas de relaciones exteriores y defensa, cifras que son de acceso público a partir de lo establecido por la ley estadounidense pero que según los especialistas sólo representan una porción del dinero que los privados vuelcan realmente en la actividad.

Según los datos difundidos por el Center for Responsive Politics (Centro para Políticas Responsables) en base a lo informado por el Congreso de los EE UU, ATFA puso U$S 1.010.000 en los bolsillos de cuatro grupos de lobbistas con 13 integrantes y fue el único ”cliente” que superó las seis cifras en esa área. La organización se ubicó así por encima de otras como el Better World Fund, el European Centre for a Modern Ukraine y el US Fund for UNICEF.

La cifra invertida fue creciendo año a año, ya que del presupuesto anual de U$S 120 mil que se registró en 2007 pasaron a U$S 955 mil en 2012, techo que se rompió el año pasado. Esto ocurrió a la par del crecimiento de las tensiones entre la Argentina y los buitres (Elliot Management de Paul Singer es uno de los socios principales de ATFA) y de la presión de productores agropecuarios que ven sus producciones perjudicadas por las exportaciones argentinas.

”El lobby puede aumentar o disminuir en el tiempo, dependiendo de cuánta atención le esté prestando el gobierno federal al tema. Los clientes particularmente activos usualmente tienen múltiples firmas de lobby, cada una con un equipo de lobbystas para presionar en su caso”, indica el Centro para Políticas Responsables en su web <www.opensecrets.org>, en donde publica las cifras y detalles que obtiene del Estado.

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Los contratados por los fondos buitre fueron el estudio de abogados Covington & Burling, que recibió U$S 360 mil durante todo el año pasado, y las consultoras Raben Group (U$S 360 mil) y DCI Group (U$S 80 mil). A estos se sumó Doug Davenport con U$S 210 mil, que en la actualidad trabaja independientemente pero solía hacerlo bajo la estructura del último grupo y el Trailblazer Group.

En Estados Unidos el lobby es una actividad institucionalizada que cuenta con una red compleja de reglas y límites que son difíciles de demarcar.
Por ejemplo parte de la actividad de estos lobbistas se enfocó en un proyecto de ley de diputado republicano Chris Smith (H.Res.291), que buscaba que la cámara exprese que la membresía de Argentina en el G20 ”debería estar condicionada a su adhesión a las normas internacionales de relaciones económicas y al compromiso con el imperio de la ley”.

En Estados Unidos el lobby es una actividad institucionalizada que cuenta con una red compleja de reglas y límites que son difíciles de demarcar. Los grupos de presión deben registrarse a partir de la Ley de Divulgación del Lobby (LDA, por sus siglas en inglés) y el flujo de dinero tiene que ser informado al Estado, que luego comunica los resultados oficialmente a través de la Oficina de Registros Públicos del Senado.

Aunque de esta forma se blanquean nombres y estrategias de aquellos que buscan influir en la elaboración de leyes y reglas, la industria del lobby guarda una dinámica que no se condice con las cifras oficiales. En los papeles está desapareciendo rápidamente, con caídas en el gasto global y la cantidad de lobbystas registrados, pero como apuntó el analista Lee Fang en el semanario The Nation, ”no está muriendo, sino que simplemente está pasando a la clandestinidad”. Según Lee Drutman, un experto en lobby de la Sunlight Funtadion, en general se gasta al menos el doble de lo que es oficialmente reportado.

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Los nombres de los ”consultores” y ”relaciones públicas” que trabajan en estas firmas de lobby y que forman parte de ATFA muestran en sus antecedentes la razón por la cual los holdouts tienen en interés en sus servicios.

Robert Raben, fundador del Raben Group y a su vez cabeza de ATFA –la organización le paga a la consultora de su propio titular– fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia durante la presidencia del demócrata Bill Clinton. La dirección también cuenta con Robert Shapiro, asesor de Clinton durante la campaña y subsecretario de Comercio durante el gobierno, y con Nancy Soderberg, que durante la misma gestión alcanzó el rango de embajadora como representante suplente de Estados U ante las Naciones Unidas.

Los nombres y las conexiones con los más altos niveles de la política alcanzan también a varios de los hombres que el estudio Covington & Burlin puso a trabajar en el caso. Por ejemplo, el abogado Stuart Eizenstat fue embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea entre 1993 y 1996 y subsecretario del Tesoro estadounidense entre 1999 y 2001.

En una nota sobre el lobby de los holdouts publicada por el Huffington Post en junio del año pasado, el portal comunicó que había borrado de la web tres columnas de opinión de personas ligadas a ATFA por haber descubierto la relación entre su contenido y la campaña de presión para lograr que Argentina tenga que pagarle a los bonistas que no entraron a los canjes de deuda. ”Los mensajes fueron retirados por el incumplimiento de los autores al no revelar el conflicto de intereses al momento de subir los post”, aclararon.

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ATFA también es conocida por invertir en publicidad para informar que EE UU no debe ser ”cómplice” de Argentina en las cortes del país. En marzo ocuparon páginas enteras argumentando que el país ”estafó a inversores y contribuyentes norteamericanos por millones” junto a un dibujo de un tribunal y foto de la embajadora argentina en los EEUU.

Un ex congresista, el nuevo aliado

La Red Jubileo, alianza que aglutina a 75 organizaciones de los Estados Unidos, 400 comunidades religiosas y 50 socios globales, informó que recientemente los fondos buitre contrataron al ex congresista Connie Mack para que se sume a la acción de lobby contra la Argentina y que todavía no se informó cuánto dinero implica el contrato.

”También han apuntalado a varios grupos para desacreditar de forma continua a la Argentina y pagaron un lobby adicional a distintas empresas de comunicación con el objetivo de proteger lo que ellos denominan como ‘derechos de los inversores”’, sostuvo Eric LeCompte, titular de la organización, en una entrevista que le concedió a Tiempo Argentino.

Mack tiene relaciones con la American Task Force Argentina (ATFA) hace varios años, al punto que en 2011 la organización festejó la intervención del congresista en la modificación de un proyecto de ley que buscaba que se prohíba utilizar fondos del Departamento de Estado para beneficiar a países que iban en contra de los intereses estadounidenses, entre los que incluía a la Argentina.

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