Los abogados del país empiezan hoy las gestiones en Nueva York

Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton empezarán hoy mismo las gestiones para ver cuál es la disposición del juez Thomas Griesa para abrir una negociación que evite un default y permita cancelar sin problemas el vencimiento de U$S 900 millones del próximo 30 de junio. Al mismo tiempo, desde la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía avanzarán con los primeros pasos para estructurar un nuevo canje de deuda para hacer los pagos futuros de bonos en Argentina y con ley local.

Fuentes oficiales consultadas sobre los detalles de este proceso no pudieron aclarar si será optativo o compulsivo ni si la concreción dependerá de lo que pase en el diálogo en el tribunal.

Ante el rechazo de la última apelación por parte de la Corte Suprema estadounidense, el gobierno nacional le dio relevancia a una frase que Griesa pronunció el pasado 30 de mayo en una audiencia con el estudio que representa al país y el fondo NML. La intención es ver si existe voluntad real para lograr que los holdouts se sienten a la mesa en condiciones que permitan evitar un efecto dominó de nuevos juicios. Un acuerdo extrajudicial antes de enero de 2015 dispararía demandas protagonizadas tanto por el 7% que no entró a los canjes como por el 92% que sí lo hizo y que reaccionaría si un acreedor recibe mejores condiciones que ellos.

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”Si de hecho están en una situación financiera en la que no pueden pagar la totalidad de estas obligaciones, podrían venir al tribunal y generar algún tipo de negociación, nunca ofrecieron ni sugirieron nada así”, dijo el magistrado según la transcripción que se difundió del encuentro de hace dos semanas. ”Si la República actuara de buena fe podría haber una negociación sobre cualquier tema. Se hace todos los días en los tribunales de este país (EE UU), y es la forma en la que se puede hacer acá. No hay necesidad de hablar del tipo de cosas que están hablando”, agregó queriendo mostrar que si no hubo negociación fue porque el gobierno todavía no la buscó.

La clave estará en los plazos de mantención de la cautelar que hoy en día contiene la aplicación del fallo, ya que el próximo pago –junto al que se deberían depositar los U$S 1500 millones para los holdouts– está agendado para dentro de 12 días. Además entra en escenario la interpretación sobre la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que hasta enero del año que viene permite que terceros reclamen en caso de que exista un mejor ofrecimiento voluntario por parte del país.

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Las opciones legales en ese costado estarían en lograr estirar una definición hasta el verano del año que viene, demostrar que la Argentina no actúa de forma voluntaria sino forzada por un fallo judicial adverso, o recurrir a la cláusula conocida como Most Favored Creditor (MFC). Esta última es señalada en el ámbito legal como una puerta entreabierta que puede poner un límite a la obligación de replicar los términos de un nuevo acuerdo en los papeles de los bonistas que entraron a los canjes.

En tanto, la posibilidad de un nuevo canje será un obstáculo a superar por los negociadores del país al ser una estrategia que ya levantó el pronunciamiento negativo de Griesa. Luego del cambio de jurisdicción que anunció el gobierno en agosto del año pasado –y que finalmente no aplicó– el juez neyorquino reaccionó con una órden en la que subrayó la imposibilidad del país de evadir el fallo original.

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