La necesidad de la revisión de esta Corte es imperiosa, y el momento para la revisión es ahora.” La frase se desprende de la página 36 del largo documento que los abogados de la Argentina presentaron el martes ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y marca el carácter con el que los especialistas decidieron encarar la última apelación por escrito del caso central que enfrenta al país con los fondos buitre. El mensaje político se mantuvo en un rechazo de plano tanto al reclamo como a los derechos de los buitres para llevarlo adelante, y puso la lupa sobre los ”errores” cometidos por los jueces de primera y segunda instancia al ignorar las implicaciones de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA, por sus siglas en inglés).

”Si los denunciantes obtuvieran un fallo a favor basándose en la deuda argentina en default, la FSIA prevendría una ejecución contra los activos inmunes del país, incluidas sus reservas internacionales”, sostiene el documento. Esta ley sancionada en 1976 establece que la propiedad de los Estados extranjeros es inmune al embargo excepto que, entre otras cosas, esté localizada en los Estados Unidos y sea usada para actividad comercial.

Al ignorar esto, las decisiones que buscan condenar al Estado nacional ”son profundamente ofensivas para la soberanía de la Argentina”. Además, más allá del caso NML vs Argentina en particular, los representantes del país argumentan que la FSIA representa el balance entre los intereses de los litigantes y los soberanos extranjeros en general, ”y claramente contempla que algunas deudas van a quedar insatisfechas”, señalan en la presentación.

El planteo de los litigantes sobre la necesidad de que Argentina pague con las reservas del Banco Central le da argumentos al país para mostrar que se buscan activos que están fuera del alcance del Poder Judicial norteamericano al no encontrarse dentro de los límites geográficos de los Estados Unidos.

”Las medidas cautelares también chocan con los principios tradicionales de equidad. De hecho, los tribunales inferiores plantearon que las inmunidades de la Argentina significaban que no había recurso legal adecuado”, explican. A pesar de esto, los jueces emitieron fallos que indirectamente implican un resultado que la FSIA prohíbe, ”desmintiendo un régimen del Congreso cuidadosamente elaborado y causando precisamente las tensiones internacionales que se buscaba prevenir”.

”Cualquier soberano protestaría si una corte extranjera emitiera una orden extraterritorial amenazando a sus acreedores y ciudadanos y cohercionándolo a entregar miles de millones de dólares de sus reservas”, subrayan los abogados.
La otra pata de la defensa del gobierno nacional apunta directo a la interpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario, en la jerga legal), rechazándo que su significado implique una promesa de no reestructurar.
”Basándose en una atípica y profundamente errónea interpretación de la cláusula que aparece en casi todos los bonos soberanos, se ordenó que Argentina debe pagar todo lo reclamado por los denunciantes, incluyendo capital e intereses, y esto debe provenir de las reservas del país”, sostiene la apelación. De no concretarse ese desembolso, explican los abogados, el país ”debe ir hacia un default de 24 mil millones de dólares de deuda reestructurada imponiendo graves pérdidas para mercados de crédito, los bonistas que entraron a los canjes y los ciudadanos argentinos”.

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A partir de esto, los defensores argentinos, tanto el especialista estrella Paul Clement como los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton encabezados por Jonathan Blackamn, advierten sobre las consecuencias que se desatarían con la ”interpretación contraintuitiva de los tribunales inferiores, que permite que cualquier holdout vete una reestructuración a menos que se le pague el 100% de sus títulos”.

Así, se señalan el trastorno sobre las expectativas del mercado; el impedimento de reestructuraciones soberanas; la amenaza al status de Nueva York como un centro internacional para la emisión de deuda; las pérdidas millonarias de los bonistas tenedores de titulos reestructurados; y la ”renovada catástrofe económica con severas consecuencias para millones de ciudadanos argentinos”.

Además, la estrategia oficial destaca que las consecuencias van mucho más allá de la Argentina y subraya que el gobierno de Estados Unidos presentó documentos en forma de amicus curiae (amigo de la Corte) para enfatizar que los problemas que se podrían generar se relacionan con ”políticas públicas vitales” y tienen ”importancia legal” para la administración de Barack Obama.

Los abogados también aprovechan para volver a poner sobre la mesa el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntó, en la línea del gobierno de EE UU, que las decisiones de los tribunales inferiores implican ”el riesgo de socavar el proceso de reestructuración de la deuda soberana”.

”Las decisiones de los tribunales inferiores son finales, y es por esto que la necesidad de que la Corte Suprema intervenga es imperativa. La Corte debería certificar el cuestionamiento sobre la cláusula pari passu a la corte más importante de Nueva York (la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito); resolver el cuestionamiento sobre la Ley de Inmunidad Soberana; o ambas”, reclaman los abogados en el escrito.

Por estas cuestiones apuntan que a la hora de reacciones a las medidas de la Corte distrital (la de Thomas Griesa, de primera instancia), Argentina no se comportó como un ”contumaz litigante”, sino como un Estado soberano, mostrando exactamente la afrenta que el Congreso quiso prevenir con la FSIA.

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”Cualquier soberano protestaría si una corte extranjera emitiera una orden extraterritorial amenazando a sus acreedores y ciudadanos y cohercionándolo a entregar miles de millones de dólares de sus reservas”, subrayan.

Con todos estos argumentos –que serán reforzados en la audiencia oral satélite del 21 de abril– el gobierno busca al menos obtener una victoria en tiempo. Es decir, que el proceso legal se estire y haya más tiempo para llevar adelante negociaciones extrajudiciales para intentar cerrar el conflicto, ya que la resolución final a favor del país en los tribunales no es imposible pero sí muy difícil.

Ahora los holdouts tienen un mes para presentar su respuesta legal ante los supremos y lo más probable es que el máximo tribunal no indique si va a revisar o no el caso hasta el segundo trimestre del año. Así, un eventual pronunciamiento con previa presentación de argumentos orales no llegaría hasta después de octubre.

Una chance a los argumentos orales

La Corte Suprema estadounidense convocó a una audiencia para el próximo 21 de abril en uno de los casos secundarios del enfrentamiento con los fondos buitres y dio una señal positiva de cara a la resolución de la cuestión de fondo: el método de pago de los títulos en manos de los holdouts.

La audiencia se corresponde con un pedido del fondo NML para embargar activos de la Argentina en bancos de los Estados Unidos y en la sucursal neoyorquina del Banco Nación (proceso llamado World Discovery). Sin embargo, según comunicaron desde el máximo tribunal a los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH), la exposición oral podrá incluir referencia a la causa vertebral por la cláusula pari passu.

Luego de escuchar las posiciones, los jueces pueden tomarse más de dos meses para comunicar si aceptan revisar el caso secundario.

Esa ocasión servirá para dar un nuevo paso en la estrategia de seducir a los supremos y contará con la primera intervención en persona de Paul Clement, el abogado especialista en procesos ante la Corte Suprema que el país contrató a fines del año pasado.

El abogado mantuvo varias reuniones con las autoridades del Ministerio de Economía y aseguró que existen chances reales de ganar el juicio contra los holdouts.

Los argumentos textuales

Ley de Inmunidad Soberana: ”Si los denunciantes obtuvieran un fallo a favor basándose en la deuda argentina en default, la FSIA prevendría una ejecución contra los activos inmunes del país, incluidas sus reservas internacionales.”

Pari passu: ”Basándose en una atípica y profundamente errónea interpretación de la cláusula que aparece en casi todos los bonos soberanos, se ordenó que Argentina debe pagar todo lo reclamado por los denunciantes.”

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Equidad: ”Las medidas cautelares también chocan con los principios tradicionales de equidad. De hecho, los tribunales inferiores plantearon que las inmunidades de la Argentina significaban que no había recurso legal adecuado.”

Crisis: ”(La obligación de pagar llevaría a una) renovada catástrofe económica con severas consecuencias para millones de ciudadanos argentinos.”

Soberanía: ”Cualquier soberano protestaría si una corte extranjera emitiera una orden extraterritorial.”

Apelación de bonistas

El Exchange Bondholders Group (EBG), que nuclea a los fondos más importantes que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, se sumó a la Argentina y presentó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en búsqueda de una revisión del fallo que obliga al país a pagar en forma inmediata el 100% de los títulos en manos de los holdouts.

Así como hicieron los abogados defensores contratados por el gobierno nacional, los inversores advirtieron sobre el riesgo de default que implicaría la confirmación de la orden de pago. Obviamente su actuación no es de apoyo moral al país, sino que están preocupados por sus propios intereses y quieren evitar cualquier tipo de obstáculo a la continuidad de los pagos que vinen recibiendo en tiempo y forma en los últimos años.

En el escrito elevado al máximo tribunal los fondos piden respuestas a preguntas que surgen de los ”daños sufridos por bonistas inocentes” a partir de los fallos previos y cuestionan que el Poder Judicial ate los pagos que les corresponden a lo que pase con lo adeudado a aquellos fondos que no aceptaron los canjes.

”El objetivo es que la Corte revierta la decisión errónea de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que inequitativamente e inconstitucionalmente mantiene la propiedad del EBG rehén de la disputa entre Argentina y Elliot. Confiamos en que van a considerar este problema de gran importancia para los mercados de deuda internacionales y van a revertir la decisión”, dijo Sean O’Shea, quien junto a David Boies es abogado del EBG.

El grupo de inversores incluye a actores de peso internacional como Gramercy Funds Management, Alliance Bernstein, BlackRock y Breva Howards, y acumula más de 1000 millones de dólares de bonos reestructurados.

Gramercy estuvo muy presente en las mesas de negociación extrajudicial con un plan para que los tenedores de bonos reestructurados cedieran parte de sus intereses a los buitres a cambio de que estos descartaran la demanda. Ahora que esa inciativa fracasó, todo su accionar apuesta a lo que pase en terreno judicial.

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