Los proyectos modifican la ley de Abastecimiento y crean el Observatorio de Precios y un nuevo fuero judicial para dirimir conflictos entre empresas y consumidores. Las claves de las reformas.

1. Dentro del paquete presentado por el Poder Ejecutivo está la implementación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (Coprec), que permitirá presentar denuncias y contar con patrocinio jurídico gratuito. Además, los consumidores también contarán con un defensor oficial de las Relaciones del Consumo en las audiencias.

Las modificaciones que se están proponiendo eliminan las sanciones penales (como prisión o arresto) a los empresarios que la incumplan y la posibilidad de intervención de las empresas.

De esta forma, los reclamos que antes transitaban sólo o pagando un abogado, se podrán hacer con el asesoramiento de expertos y de forma gratuita. ”El Coprec crea una instancia administrativa obligatoria para las empresas. Hasta ahora los tribunales arbitrales de consumo son una instancia optativa. Sólo comparecía la empresa que adhería voluntariamente al sistema”, explicó a infojus Fernando Blanco Muino, presidente de Unión de Consumidores de Argentina.

2. Si se alcanza un acuerdo el consumidor podrá optar entre pedir una solución rápida ante la Secretaría de Comercio, que tiene facultades para indemnizarlo por un monto de hasta 15 salarios mínimos ($ 55 mil). La segunda alternativa será recurrir al nuevo al nuevo fuero de la justicia nacional en la relaciones del consumo para exigir una reparación integral de hasta 60 salarios mínimos ($ 220 mil). En la actualidad, las indemnizaciones resultán muy difíciles de cobrar y tienen un máximo de $ 3000.

3. El proyecto establece la creación de ocho juzgados y una cámara de apelaciones –integrada por dos salas–. De aprobarse, esas dos instancias definirán los conflictos que surjan de incumplimientos de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia.

4. Otra herramienta que favorecerá a los usuarios es el del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios, que dependerá de Comercio, porque apunta a evitar abusos de las empresas a los consumidores. Lo hará a través del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y los insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en todo el país.

5. La ley de abastecimiento, que está vigente desde 1974, permite al Ejecutivo intervenir cuando se altera el bienestar general de la nación. Los casos más resonantes fueron su aplicación cuando se produjeron faltantes de nafta o yerba. Sin embargo, su instrumentación real es muy compleja porque las empresas siempre apelan y los juzgados actuales demoran la aplicación de sanciones o jamás las aplican. Las modificaciones que se están proponiendo eliminan las sanciones penales (como prisión o arresto) a los empresarios que la incumplan y la posibilidad de intervención de las empresas.

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