En el área económica las mayores preocupaciones de la ciudadanía, las empresas y consecuentemente de los candidatos a asumir la presidencia de la nación el próximo 10 de diciembre, se concentran en la elevada tasa de inflación, entre las 10 mayores del mundo, y la multiplicidad de tipos de cambio y cepos.

A partir de ahí se derivan los restantes desbarajustes, los cuales unos son causas y otros consecuencias, como el déficit fiscal que genera un desbordado gasto público respecto de recursos tributarios que alcanzaron niveles récord y el cierre de la economía, en el primer caso, y la caída de reservas de divisas por achicamiento del comercio exterior; el desaliento a buscar trabajo y el fuerte aumento de la pobreza, entre otros, en el segundo.

Causas

A. GASTO PÚBLICO: El nivel de las erogaciones ascendió al equivalente a 50% del PBI, en el agregado de los gobiernos nacional, provincial y municipal, el cual se caracteriza por su alta ineficiencia y de oscuridad, que determina un déficit fiscal de 8% del PBI, al que se suma un rojo de 2% del PBI de las cuentas del Banco Central.

¿Por qué es una de las principales causas de los desequilibrios que recibirá la próxima administración de Gobierno?, porque semejante rojo es el que provoca la escalada de la inflación y la consecuente pérdida de valor del peso y aumento de la pobreza, con el derivado impacto de creciente exclusión social, porque atiza el fuego de la inflación y las tensiones cambiarias.

El déficit fiscal cercano a 10% del PBI es causa de elevada inflación

De ahí que en la hoja de ruta del nuevo Gobierno el punto de partida debería ser comenzar por:

1. Equilibrio presupuestario, poner un freno al crecimiento nominal del gasto primario, con un límite máximo determinado por la variación del incremento que registre el cobro de impuestos;

2. Hacer un análisis de las principales partidas, como obras públicas contratadas en forma directa y llamado a licitaciones abiertas; y también del empleo sin ocupaciones efectivas, como de la relación entre funciones efectivas y remuneración;

3. Subsidios, replantear el destino, tanto de los económicos, como las tarifas de los servicios públicos, para focalizarlos en los reales necesitados (empresas y familias), como los sociales, los cuales los más sensibles, como la Asignación Universal por Hijo y por desempleo necesitan incrementarse porque han quedado severamente devaluados por la inflación;

4. Costo del endeudamiento, la persistencia del default parcial y la alta inflación determinan un alto cargo de los servicios de la deuda pública, el cual es imperioso comenzar a bajar rápidamente de más de 9% anual en dólares a menos de la mitad, como pagan los países vecinos, para poder liberar recursos y atenuar el costo del reencuadramiento del resto del gasto público y facilitar la reducción de los impuestos.

B. SECTOR EXTERNO: El cierre parcial de la economía contribuyó a impulsar la inflación, por la consecuente tensión cambiaria que surgió con la caída sin freno del superávit comercial y de las reservas. Al tiempo que vedó el acceso al crédito internacional en el mejor momento mundial de la liquidez y bajas tasas de interés. Eso fue el resultado de la incapacidad por cerrar el capítulo del default de fines de 2001, por no haber contemplado primero en el origen una cláusula de acción colectiva en los canjes de 2005 y 2010, porque lo dejó abierto hasta el 100% de los afectados; y luego por el rechazo al fallo de la justicia americana, derivó en el cepo cambiario, control de importaciones y hasta la sustitución de exportaciones.

En consecuencia, en este frente la próxima administración se encontrará con la necesidad inmediata de resolver los siguientes frentes:

5. Holdouts, acordar en el juzgado de Thomas Griesa una forma de pago con quienes ganaron el juicio en la Corte de Nueva York por no haber aceptado las condiciones de cobro de los canjes 2005 y 2010, principalmente con emisión de bonos de la deuda bajo legislación argentina; y obtener una addenda que certifique que esa acción no implica una mejora de las condiciones de canje;

6. Cepo cambiario, desarmar las trabas existentes para que los importadores puedan regularizar sus deudas con proveedores del resto del mundo y recuperar líneas de créditos necesarias que posibiliten volver a mover la rueda del ingreso de insumos y máquinas imprescindibles para reactivar la producción nacional, en general, y la destinada a las exportaciones de productos con incorporación de trabajo argentino, en particular. Las DJAI deberían constituirse en una herramienta de planificación de las necesidades de divisas y no una fuente de discrecionalidad. También se requiere abrir el grifo para el pago de dividendos de las filiales de empresas extranjeras, de modo de incentivar la inversión extranjera directa, dado que nadie querrá entrar donde no lo dejarán salir.

7. Mercado de cambios, volver a un régimen único y libre, con flotación, no sólo porque el régimen actual es una práctica inusual en la mayoría de los países, sino porque la existencia de tipos múltiples para el comercio de soja o de automotores; turismo, ahorro, pago de importaciones, contado con liqui, etc., ha demostrado ser fuente de tensiones que derivan en altos costos de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, porque habilita mercados paralelos, al tiempo que incentiva la fuga de capitales y subsidia consumos suntuarios como los del turismo, en detrimento de la producción de bienes y servicios, y consecuentemente del empleo. La brecha cambiaria entre el más alto y el más bajo en torno a 70%, se ha constituido en el nuevo indicador de riesgo país y por tanto de desaliento de la inversión productiva;

8. Mercosur y acuerdos bilaterales, el comercio exterior se ha contraído mucho más de lo previsible por el cambio de tendencia de los precios de las materias primas y en el caso de las exportaciones se observa un retroceso de más de 20 años, al concentrarse en productos de bajo valor agregado. De ahí que uno de los aspectos a mejorar es reimpulsar el intercambio, primero con los socios del bloque regional y paralelamente establecer alianzas bilaterales y por bloques, como en la última década hicieron los países de la Alianza del Pacífico, para reconquistar mercados perdidos y diversificar la oferta de productos y servicios.

C. INDEC: Su intervención es una de las tareas centrales que deberá encarar el nuevo Gobierno, y recuperar su carácter autárquico, porque la confiabilidad de las estadísticas públicas son claves porque constituyen el termómetro público que refleja la real situación socioeconómica del país. Pero además, se torna indispensable para reconstruir la confianza de los propios y extraños, porque la variación de la inflación y del PBI determinan los servicios de renta y amortización de diversos títulos de la deuda pública que se entregaron a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y que ahora, entre 5 y 10 años después están en manos de todo tipo de inversores que compraron en el mercado de capitales, como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en Wall Street.

D. BANCO CENTRAL: El cambio de la Carta Orgánica debería ser una de las prioridades del próximo Gobierno, para que la autoridad monetaria recupere el rol de ser el custodio del valor de la moneda nacional y sólo constituirse en prestamista de última instancia en caso de emergencia económica. Hoy la Argentina acumula más de 5 años en ese estado con el único objetivo de que el Poder Ejecutivo pueda mantener súper poderes para incrementar el gasto público y disponer del financiamiento espurio que significa la emisión de pesos sin respaldo. Cambiar el escenario para recuperar la confianza y la estabilidad exige que el Congreso Nacional vote:

9. Limitar a casos extremos los adelantos transitorios de pesos al Tesoro;

10. Restringir la capacidad de la emisión de instrumentos de regulación monetaria, como las Letras, Notas y operaciones a futuro en el mercado de divisas;

11. Revitalizar el rol de los encajes bancarios sobre los depósitos, como instrumento de absorción de excedentes monetarios indeseados;

12. Fijar tasas de interés de referencia para el mercado, en función de metas explícitas o implícitas de inflación, según el ritmo de la economía real.

Consecuencias

A. INFLACIÓN: El aumento de los precios a un ritmo de 25 a 30% por año, que se manifiesta no sólo en la variación del promedio de las estimaciones de consultoras y algunas direcciones de estadística provincial y universidades, sino también en el indicador oficial del costo de construcción y de la suba de los combustibles, es un claro reflejo de los severos desequilibrios que acumuló la economía, pese al uso de políticas heterodoxas de Precios Administrados, Cuidados y congelados, principalmente en los frentes fiscal, porque exige la emisión de pesos, al agotarse la fuente del cobro de impuestos; y externo, porque los mercados acomodan sus precios a la variación del tipo de cambio libre. El Próximo gobierno deberá decidir sobre:

13. Precios administrados; es una práctica excepcional en el mundo moderno, porque desincentiva la inversión productiva y alienta políticas discrecionales;

14. Tarifas, en general están fuertemente rezagadas, en particular para la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, no sólo en una comparación internacional, sino peor aún en comparación con el resto de las provincias. El temor a su efecto sobre el índice general de inflación, pero fundamentalmente sobre la delicada situación social que afecta a un tercio de la población, ha demorado un reencuadramiento tarifario. Las recomendaciones de los especialistas es que el nuevo Gobierno adopte una estrategia de subsidiar la demanda, para que los sectores con recursos limitados reciban a través de crédito en cuenta el monto total del pago de su consumo y que el resto de la sociedad pague tarifa plena. Se podría hacer gradual, o de una vez.

15. Excedente monetario, la cantidad de dinero en circulación aceleró el ritmo de crecimiento a casi 40% al año en poder del público y 34% en el promedio de la creación primaria total. De ahí que se impone una severa absorción, para evitar que semejante sobre de dinero, estimado entre 150 y 200 mil millones de pesos, siga ejerciendo presión sobre los precios de los bienes y servicios y fundamentalmente sobre la compra de los cada vez más escasos dólares en las reservas del Banco Central. Algunos economistas proponen la emisión de bonos para entregar a los importadores, para que los utilicen como medio de pago a proveedores que ya acumulan un atraso de más de USD 9.500 millones; otros, en cambio piensan en un instrumento de shock, como la suba de los encajes de los bancos, con el consecuente salto de las tasas de interés en más de 10 puntos porcentuales;

B. PRESIÓN TRIBUTARIA: La Argentina arrastra una vieja práctica de determinar la política de gasto público, independientemente de la capacidad contributiva de sus habitantes. Así se llegó a una situación en la que se aumentaron los impuestos de modo directo e indirecto hasta llegar a agotar la capacidad de mayor pago de impuestos, derechos aduaneros y cargas sociales por parte de familias y empresas, llegaron a representar más de 42% del PBI, como promedio nacional, con un desagregado que llegó actualmente a representar más del 90% de los ingresos brutos en el caso de los productores del complejo sojero y a más del 60% al resto de los contribuyentes registrados, porque en la economía persiste poco más de un tercio de que economía informal que sólo tributa, y parcialmente los impuestos indirectos, como el IVA, internos e Ingresos Brutos que están incorporados en los productos, entre otros. De ahí que los primeros pasos que prometieron dar los candidatos a la presidencia se centran en:

16. Mínimo no imponible de Ganancias, economistas de los equipos técnicos coincidieron en recomendar una suba de todas las deducciones especiales y la base no gravable, para luego ajustarlas de modo automático para los trabajadores asalariados, de modo de que sólo tributen los que perciben más de $30.000 al mes, en el caso del sciolismo; los de altos ingreso gerenciales, en el de Cambiemos, y ningún empleado en el del massismo;

17. Retenciones a las exportaciones, inicialmente algunos economistas plantean la eliminación de modo pleno para las economías regionales, trigo y minería, además de las manufacturas industriales y de modo escalonado para el complejo oleaginosa y el maíz; y otros se mostraron más selectivos, pero en perspectiva está claro que no son sostenibles, menos con el actual nivel de precios internacionales de las materias primas;

18. Actualización de los balances por inflación, para terminar con una práctica de gravar las ganancias nominales determinadas por la alta tasa de inflación, porque desalienta la inversión y los emprendimientos productivos y comerciales;

19. Impuesto al Cheque, es un recurso creado en condiciones de emergencia económica, pero no es sostenible en un escenario de normalización, podría sostenerse como pago a cuenta de otros impuestos, incluido Monotributo, de modo de alentar el blanqueo de actividades y la bancarización, esto es el aumento de los depósitos y préstamos en el sistema bancario;

20. IVA, es otro impuesto que tiene una de las alícuotas más altas del mundo, porque es de más fácil cobro que Ganancias y por tanto algunos candidatos piensan en devolución plena para jubilados y pensionados que cobran la mínima; otros plantean alícuotas diferenciadas más bajas para alimentos y medicamentos y bienes de capital. Los expertos aconsejan menores alícuotas, pero única.

21. Impuesto a los autos de alta gama. La medida no resultó feliz, porque no sólo se derrumbó ese segmento del mercado, con la consecuente pérdida de recursos fiscales y destrucción de empleos en la cadena comercial y servicios de transporte asociados, sino que además arrastró al resto de la plaza, porque al desplazar la demanda indujo a la suba de precios, en algunos casos, y en otros, porque impidió tanto a terminales como a concesionarios aplicar políticas combinadas de descuentos mayores para las unidades de entrada, con menores en los de alta que se caracterizan por tener pedidos inelásticos a los precios en condiciones normales. Por tanto, una marcha atrás de la medida, podría contribuir a regularizar la compra de bienes durables en todas las franjas y obtener no sólo recursos fiscales, sino también recuperar empleos.

22. Coparticipación de impuestos, de eso no se habla, pero es una de las asignaturas pendientes desde la reforma constitucional de 1994, pese a que replantear el reparto de los impuestos con las provincias, en la que todos reciban algo, menos la Nación que debería ceder participación a partir de los ahorros esperados con una política austera y de eficiencia del gasto público, y sobre todo, de generación de un ambiente de creación de riqueza por parte del sector privado. Constituiría un camino obligado para poder generar mayor grado de gobernabilidad por parte de un Ejecutivo que no contará con mayorías parlamentarias;

C. ECONOMÍA REAL, agotado el proceso de incentivo del consumo, a costa del desaliento de las exportaciones y consecuentemente de la inversión agregada, el PBI se estancó y no sólo perdió capacidad de generar empleos en el sector privado, sino que derivó en un extendido aumento de la capacidad ociosa, que en la industria ya promedia el 30% del potencial; pero también en el agro, la minería, el comercio e incluso en el sistema bancario. Por tanto, el desafío desde el 10 de diciembre será, como a la salida de la crisis de 2002, comenzar a desatar los nudos hechos en los últimos años en materia de precios, impuestos, cepo y atraso cambiario. De ese modo:

El PBI se estancó y frenó la creación de empleos privados

23. PBI podrá salir del estadio recesivo por el camino inicial de un creciente uso de la capacidad ociosa instalada, mientras maduran las inversiones esperadas con un mejor clima de negocios;

24. Agro, el sinceramiento de las variables económicas podría encontrar una rápida respuesta de los productores extensivos de granos y oleaginosas, con la prefinanciación de exportaciones, dado que pese a la desaceleración de la economía mundial se sostiene la demanda de alimentos, además que nadie le quita a la Argentina de ser un importante proveedor por la contraestación;

25. Trabajo, las estimaciones del INDEC indican que el desempleo cayó a 6,6% de la oferta laboral, que se redujo a 44,5% de la población. Pero el desafío a partir del 10 de diciembre es generar las condiciones de estabilidad macroeconómica de largo plaza para que rápidamente esa proporción se eleve a la que existía antes del cepo cambiario, a fines de 2011, con 46,7%, que era la que se había alcanzado en 2004. De ese modo, se podrían reincorporar unas un millón de personas al mercado de trabajo que sufrieron el denominado efecto desaliento. Mientras que en perspectiva, la Argentina tiene un margen de expandir la tasa de participación de la población en más de cinco puntos porcentuales adicionales, para aproximarse al promedio mundial, que es del orden de 55%, significaría más de dos millones de personas adicionales que podrían pasar a generar riqueza y disminuir la dependencia de planes sociales asistenciales.

26. Inversión extranjera directa, ha caído a niveles mínimos históricos, aunque se la disimula con la reinversión de utilidades por parte de las empresas que están vedadas de girar dividendos a sus casas matrices, como están haciendo algunas entidades financieras con la construcción de sedes corporativas. De ahí que en ese rubro hay un enorme espacio para atraer capitales genuinos del exterior, tanto de extranjeros, como de residentes que tienen ahorros en moneda extranjera fuera del sistema financiero por un mínimo de USD 200.000 millones, para que sean puestos en valor en el sector privado, para posibilitar un rápido aumento de la productividad y competitividad, como en el sector público en demoradas obras de infraestructura productiva: caminos, puertos, comunicaciones, como social: viviendas; establecimientos asistenciales, escolares y de seguridad pública.

Existen recursos ociosos de residentes por más de USD 200.000 millones

27. Pobreza, Diversos indicadores dan cuenta de que las carencias básicas afectan a casi u tercio de la población. Los programas asistenciales y subsidios extendidos posibilitaron reducir al mínimo la proporción de indigentes en el total de la población: sólo reciben recursos monetarios para comer; pero para cubrir las necesidades básicas insatisfechas que incluyen acceso a consumos de servicios básicos de agua potable, cloacas, luz y gas natural, y también de salud y educación, vivienda y urbanismo, además de poder comprar ropa y alimentos diversificados, y viajar, se requiere generar un ambiente de trabajo en las cercanías a los centros de residencia, y estabilidad de precios.

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