La ley de la dictadura que frena el desarrollo

La inflación de abril fue del 1,79% , con lo que el acumulado –en lo que va del año trepa al 11,9 por ciento. Pese a la tendencia a desacelerarse que también se verifica en los precios mayoristas que registraron un incremento del 1,71% , la perspectiva inflacionaria anual presenta un panorama difícil.

Así lo reconoce el Estado cuando el Central plantea una política de tasas altas. Con el telón de fondo de una retracción productiva, avance del capital financiero especulativo y una actitud agresiva desde el norte y locales poderosos que vuelve a tomar la iniciativa.

El pago de deuda, contraída básicamente durante los 90, fue un condicionante durante los últimos años al crecimiento de la economía al que debe agregarse la falta de resolución para desarmar la matriz neoliberal que condiciona la política argentina, aun si de lo que se trata es de avanzar en una estrategia neo-desarrollista como la que se plantea el gobierno de Cristina Fernández. La vigencia la Ley de Entidades Financieras impuesta por la dictadura en 1977, que se desliza entre nosotros como serpiente ponzoñosa envenenando nuestras vidas, es un claro ejemplo y supedita cualquier tipo de estrategia de expansión de la producción y el mercado interno a los caprichos del sistema financiero.

En ese contexto, la transferencia de recursos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad tiene un impacto práctico fundamental, vinculado a lo que ese dinero significa en el día a día para quienes lo reciben y para la economía doméstica porque se gasta en artículos de primera necesidad.

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Pero también es un mensaje político claro para un sector muy concentrado del poder económico-financiero y político que continúa desafiando al poder constituido institucionalmente, tal como se vio en el putsch de principios de año cuyos remezones aún no acaban. Fundamentalmente está en juego en nuestro país si se va a continuar o profundizar la construcción de un camino de autonomía nacional y regional, respecto a los centros de poder del norte, o si se va a actualizar la agenda que desde ahí se trata de imponer, buscando básicamente provocar la transferencia regresiva de riqueza desde los sectores populares hacia las burguesías y del capital productivo al financiero concentrado. Esto significa destrucción de trabajo y pérdida de soberanía nacional y popular. Después irán por los sectores medios y por las libertades ciudadanas que se ganaron durante los últimos años.

El carácter usurario de las tasas de interés fijadas por la banca privada es un motivo medular de esta situación atravesada por la caída de actividad industrial y consumo. Es que con el nivel al que llevaron a las tasas no hay crédito que aguante y, así, la producción –en especial de las pymes– se ve afectada letalmente en un efecto dominó que arrastra el trabajo y el consumo. Generando el malestar social.

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Durante 2013 la economía de nuestro país creció menos del 4% , pero la banca privada ganó más del 300 por ciento. Y esa tendencia se profundizó durante el primer trimestre de este año. Este no es un sistema financiero, sino un sistema político que se expresa a través de la banca privada.

Entonces resulta irrisorio que el Estado pueda controlar la inflación y la tasa de empleo sin meterse con el sistema bancario privado, esto es, sin por lo menos regular las tasas de interés que fija esta banca. Ante el proyecto de ley de Servicios Financieros que el banquero Carlos Heller presentara hace dos años, se argumentó que, en lo sustancial, se podía llegar a los objetivos que planteaba esa iniciativa con las herramientas que dotaba la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central dispuesta por el Ejecutivo. Queda claro que ahora es momento de demostrar que eso es verdad. (*) Integrante de la CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales)

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