La Corte falló contra el Gobierno y lo obliga a compensar a las provincias

En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia votó este mediodía en contra del decreto de Mauricio Macri que eliminó el IVA a los alimentos de la canasta básica.

Si bien la acordada firmada por los jueces deja vigente la rebaja para los consumidores, obliga al Poder Ejecutivo a compensar a las provincias por la pérdida de recursos que implicaría para esos distritos dejar de percibir la parte coparticipable del IVA que les gira la Nación mes a mes.

Por mayoría, la Corte sostuvo también que las modificaciones en el impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos que les corresponden a las provincias. Es que el Gobierno había decretado una modificación en el monto imponible y la devolución del excedente pagado por los trabajadores durante este año, pero esa decisión impactó en los ingresos provinciales.

Se trata de un duro revés para el gobierno de Mauricio Macri, en medio del proceso electoral y a menos de un mes de las elecciones de octubre.

En rigor, lo que hizo el máximo tribunal no fue suspender los decretos, sino «ordenar que los efectos fiscales de la aplicación» de esas normas «sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación».

Votaron por hacer lugar a las medidas cautelares de las provincias los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia. Y Elena Highton no votó.

Básicamente, la Corte resolvió las medidas cautelares, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto (si los decretos de Macri son o no válidos). Esa decisión quedó pendiente.

El costo de esta decisión, si bien los mandatarios que presentaron el amparo son opositores y aliados del Frente de Todos, lo terminaría pagando un eventual gobierno de Alberto Fernández, si es que el 27 de octubre se confirman los resultados de las PASO y termina siendo electo presidente.

La decisión de la Corte es resultado de las presentaciones de 15 provincias, que habían recurrido al máximo tribunal para evitar perder esos fondos.

Si bien originalmente se especulaba con que la decisión judicial quedaría para después de las elecciones, los cinco miembros del Máximo Tribunal (Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) comenzaron a evaluar el tema y se decidió avanzar con el tema antes de la elección general.

La Corte Suprema estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

Así, la Corte dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las resoluciones generales AFIP n° 4546/19 y n° 4547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Al analizar puntualmente el caso de Entre Ríos, el tribunal hizo referencia a un informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimó que las medidas tributarias redundarían en una disminución de unos 1000 millones de pesos de los recursos, lo que pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su población.

Según la Corte, el daño a las arcas de Entre Ríos “podría resultar irreparable, en la medida en que -según explica- los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter social, lo que evidencia la necesidad de acceder a la pretensión cautelar.”

“Frente a la concreta dificultad de financiamiento de necesidades públicas provinciales de significación social alegadas por la actora, la magnitud del perjuicio invocado y lo señalado en cuanto a la verosimilitud en el derecho, cabe tener acreditada la configuración de los extremos exigibles a toda pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión de fondo debatida, por lo que los costos fiscales de la aplicación de los decretos y las resoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias actoras”, argumentaron los jueces.

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