El 5 de febrero pasado perdieron la vida 10 personas en el incendio del depósito de Barracas de la firma Iron Mountain, donde se guardaba documentación de empresas nacionales, multinacionales y de buffetes de abogados como Saenz Valiente.

Los investigadores comenzaron a tener en su poder información ”sensible” de la documentación que se archivaba allí, pero en especial pusieron sus ojos en aquel material vinculado a JP Morgan dado que el vicepresidente de esa firma, Hernán Arbizu, efectuó una denuncia que involucró a grandes firmas.

Entre los nombres mencionados ante la Justicia por el ex ejecutivo se encontraba el Grupo Clarín y sus operaciones financieras. El estudio de abogados es una pieza clave.

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También la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) analiza el contenido de la información y documentación que personas, empresas y bancos que podrìa haberse perdido por el fuego.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal general Carlos Gonella, informó en su sitio web que investigan a varias empresas y su posible conexión en otras causas penales por evasión, lavado y defraudaciones.

Pero se intenta determinar ”si también se destruyó material vinculado a las investigaciones en curso”.

La investigación se inició luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitiera a la Procuración General de la Nación información detallada sobre el supuesto material archivado en el depósito, en el cual figuran, entre varios clientes, bancos denunciados por lavado de activos.

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En base a esto se le dio intervención a la Procelac, cuyo titular dispuso que un equipo técnico se ponga a disposición de la Fiscalía a cargo de Marcela Sánchez, quién tiene a cargo la investigación por el incendio que produjo la muerte de diez personas durante las tareas de rescate y dejó a otras siete heridas luego de que se derrumbara una pared.

Según el Ministerio Público Fiscal, se logró constatar en el expediente remitido por la CNV, que varias personas jurídicas que están dentro del listado de empresas con documentación en el depósito incendiado se encuentran actualmente bajo investigaciones penales por lavado de activos, evasión tributaria, defraudaciones, entre otros delitos.

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Según declararon desde la Procelac, la investigación se orienta a identificar a todas las personas físicas y jurídicas que utilizaban los servicios de Iron Mountain para ”determinar si también se destruyó material vinculado a las investigaciones en curso”.

La semana pasada la fiscalía recibió los primeros informes periciales, aunque todavía son resultados parciales. Además se continúa analizando la documentación remitida por diversas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que requirió la citación de nuevos testigos, cuyos nombres no trascendieron, a fin de preservar la pesquisa.

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