¿Hubo delito en la especulación cambiaria?

Por: Pablo Waisberg

Los investigadores de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron “informes detallados” sobre los movimientos de la cotización del dólar de los últimos días de la semana pasada. Los pedidos fueron dirigidos hacia el Banco Central y a varias entidades financieras. Se trata del primer paso de una pesquisa para determinar si existió una “maniobra delictiva” contra todo el orden público económico- financiero.

La tarea, que recayó en el Área Operativa de Fraudes Económicos y Bancarios que coordina Pedro Biscay, intenta determinar, además, cómo impactó esa maniobra en los precios de los productos. “Iniciamos la investigación el viernes a partir de lo que se denunció públicamente para conocer si existió una operación de compra de divisas por encima de su cotización y ya observamos con preocupación la suba de precios en alimentos e insumos para la construcción”, dijo a Infojus Noticias el titular de la Procelac, el fiscal general Carlos Gonella.

Según la denuncia de Economía, que generó esta investigación de oficio, la petrolera Shell compró 4,5 millones de dólares al banco HSBC por encima del valor en que estaba cotizando. Esa operación llevó hacia arriba el precio del billete verde porque otros bancos internacionales imitaron la suba de la entidad británica, que tiene varias investigaciones en marcha en la Argentina por lavado de dinero.

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La Unidad de Información Financiera (UIF) le aplicó multas por más de 100 millones de pesos que fueron apeladas a la Justicia por la entidad que dirige Gabriel Martino, quien fue tesorero de la sede del HSBC en México durante el período en que se produjeron operaciones de lavado de dinero de los narcos mexicanos que investigó la Justicia estadounidense.

El trabajo del equipo que coordina Biscay, que incluye a especialistas en el mercado de capitales y de comercio exterior, permite sondear la posible existencia de varios ilícitos. Se trata de violación a la ley penal cambiaria, defraudación a la administración pública y agiotaje: la especulación en el comercio, que está tipificado en el artículo 300 del Código Penal y prevé penas de hasta 2 años de prisión.

Gonella señaló que el elevado nivel de concentración de la economía facilita este tipo de comportamientos: “Ese fenómeno permite la formación de precios”, estimó. Ese proceso, que no es nuevo en la economía local, fue analizado en detalle en 2008 en un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que por esos días estaba a cargo de José Sbattella.

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Si bien es un trabajo que tiene algún grado de desactualización permite ver cuál es el nivel de concentración en distintos sectores de la economía: 3 empresas (Carrefour, Coto y Disco) concentran el 81% de la distribución de productos de consumo masivo.

Así lo detalla el trabajo de la CNDC elaborado mediante el Indice Herfindahl-Hischman (IHH), que es un instrumento de medición que permite establecer los grados de concentración del mercado. Además, en el sector del cemento sólo tres compañías se quedan con el 96% del mercado y cuatro con el total: Loma Negra (48,55%), Cementos Minetti (32,48%), Cementos Avellaneda (15,53%) y Petroquímica Comodoros Rivadavia (3,63%).

“Estamos analizando todos estos elementos porque esta investigación podría terminar en una denuncia penal. Lo que ocurrió aquí tuvo un impacto en los precios y en muchos casos se produjeron subas en productos que no tienen componentes importados”, indicó Gonella y subrayó: “Es posible que hayan existido maniobras que dañaron un bien jurídico con características supraindividuales. Y eso es un rasgo definitorio del delito económico, que implica dañar a todo el sistema”.

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