Cierto sector empresario criticó la investigación de las cuentas no declaradas en Suiza adjudicándolas a una suerte de intervencionismo estatal en la economía. La prensa hegemónica reprodujo estos argumentos y ninguneó la noticia.

Pero una mirada a los esfuerzos de los países desarrollados en la materia no hacen más que poner de relieve que las quejas locales repiten las que profieren los perjudicados por las iniciativas que buscan más transparencia fiscal.

El compromiso fue arribar en seis meses a un convenio que permitiría el intercambio automático de información entre todos esos países.
El tema no es menor. Estados Unidos aplica desde el 1 de julio pasado una legislación (conocida como Facta) que obliga a casi 80 mil bancos del exterior, incluidos argentinos, a informarles en forma permanente sobre todas las cuentas superiores a 50 mil dólares que sus ciudadanos abren en ellos. Esta legislación fue llamada ”el terremoto que hace caer la represa”, ya que derrumbó el secreto bancario en Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos para ahorristas que no desean dar a conocer sus fortunas.

Para llegar a esta legislación las autoridades de EE UU debieron sortear peleas y escándalos con sus pares de los países europeos que se negaban a aplicarla. Pero no cejaron en su empeño en pos de su objetivo de cobrarles impuestos a los que fugaban divisas de EE UU con el fin de evadirlos.

Los esfuerzos para controlar la evasión y la elusión resultantes de las cuentas no declaradas y la ingeniería fiscal nociva también son parte de los debates en Europa, aunque allí los avances son más lentos. En junio del año pasado se realizó una cumbre antievasión de los 27 miembros de la UE. El compromiso fue arribar en seis meses a un convenio que permitiría el intercambio automático de información entre todos esos países.

Sin embargo, un año y medio después el acuerdo apunta a un lejano 2017 para que ese intercambio se ponga en vigor, y todavía faltan detalles no menores, como el reclamo de Luxemburgo de que la banca suiza no tenga privilegios en materia de secretos bancarios. En parte, Luxemburgo se basa en el pasado reciente: un convenio entre EE UU y Suiza de 2009 por el cual UBS debió dar a conocer las cuentas de 250 ciudadanos estadounidenses que habían fugado su dinero para no pagar impuestos. UBS recibió un trato preferencial tras ese gesto.

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