Un día después de la reunión del Eurogrupo, que reúne a los ministros de Finanzas de la Eurozona, en la capital europea, Atenas deberá desembolsar un pago de 750 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ayer, en vísperas del fin de semana que antecederá al encuentro, entre las delegaciones que acompañarán a los ministros a Bruselas se descartaba cualquier posibilidad de que el lunes se pueda cerrar un acuerdo y ni siquiera reinaba optimismo sobre la posibilidad de un acercamiento de posiciones.

A pesar de este cuadro y de la difícil situación financiera griega, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, dijo el jueves que ”por supuesto que pagaremos al FMI e intentaremos pagar a todos los acreedores”.

Aunque nadie duda de que esto será así y que Grecia cumplirá con el Fondo, la mayor preocupación de Estados Unidos, el FMI y los grandes agentes económicos europeos e internacionales, es que el lunes cada parte repetirá sus posturas y que no habrá acercamiento real entre las exigencias de los acreedores y los rechazos de Grecia, más allá de las buenas palabras de los últimos días que hablan de una ”mejora del marco de la discusión”.

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Varoufakis ni siquiera recibirá la señal que esperaba del Banco Central Europeo (BCE) para autorizar a su gobierno a emitir una mayor cantidad de deuda a corto plazo, lo cual le permitiría al país acceder a más recursos para financiar sus compromisos externos y, por esa vía, poder utilizar los menguantes recursos de la recaudación tributaria para atender los pagos internos.

En cualquier caso, y de momento, se han despejado los fantasmas de una brusca interrupción de los pagos por parte de Grecia durante el mes en curso, así como medidas adicionales por parte del BCE que pongan en peligro la capacidad de los bancos griegos para hacer frente a las exigencias del público, léase creciente retirada de los depósitos.

Pero lo que es más válido para mayo no parece serlo para junio. En el curso del sexto mes del año, Tsipras y Varoufakis tendrán que lidiar con un problema mucho mayor en lo que tiene que ver con la deuda externa de 172.000 millones de euros de Grecia.

Más concretamente, el 30 de junio finaliza el plazo del actual programa de rescate de la ”troika” (BCE, Unión Europea y FMI) firmado con el anterior gobierno del conservador Andoni Samaras, lo que obliga a las dos partes a prever desde ya los plazos y las condiciones para establecer un nuevo plan para hacer viable el pago de la deuda griega.

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Pero esto resulta difícil de imaginar mientras deudores y acreedores no consiguen siquiera ponerse de acuerdo en la manera de llevar a buen término el programa vigente.

Mientras los socios europeos siguen reclamando recortes a las pensiones y jubilaciones; una mayor liberalización del mercado laboral; incremento en el IVA; continuidad de los programas de privatización de puertos y otras infraestructuras y un manejo más duro de los impuestos, Tsipras y Varoufakis siguen resistiendo a medidas que desatarían una rebelión política y social y hasta una división de Syriza, el partido de gobierno.

En el medio de esta pugna sin destino cierto, el FMI ha hecho sentir su peso en la última semana al señalar la necesidad de que los acreedores procedan a negociar una nueva reducción de la deuda griega para hacer viable los pagos, al tiempo que presionan sobre Atenas para que acceda a flexibilizar su postura ante las demandas de sus socios.

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Si Tsipras no modera su postura, Grecia no accederá a los 7.200 millones de euros que tendría que desembolsar la ”troika” (la mitad de los cuales corresponden al Fondo) y, en este sentido, arriesga quedarse sin dinero para enfrentar sus compromisos a más tardar en julio y agosto, cuando tendrá que pagar 6.700 millones de euros por bonos que están en poder el BCE.

Bien mirado, lo que está está en perspectiva es un tercer rescate de Grecia por parte de sus acreedores. Pero su materialización dista de estar cercana y, mientras tanto, Europa y los mercados internacionales podrían ser sacudidos en sus cimientos por una nueva crisis que implicaría la suspensión del pago de la deuda y la salida del país heleno del euro.

Está claro, en principio, que ni la población griega ni su gobierno, al igual que la mayoría de los gobernantes europeos, desean una catástrofe financiera y económica. Pero si las posiciones de ambos lados no sufren una modificación positiva y rápida, se acrecientan los riesgos de una caída en el corto plazo.
Telam

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