El Gobierno argentino presentará este martes ante la Corte Suprema de EE.UU. la respuesta a la posición de los fondos buitre, en la última instancia antes de la conferencia que el máximo tribunal llevará a cabo el 12 de junio próximo para definir si acepta o rechaza tratar el caso o si solicita opinión al gobierno de Barack Obama antes de emitir juicio sobre la cuestión.

Inicialmente, el cronograma previsto para la presentación local era el lunes pasado. Pero la extensión de plazos concedida a los contrincantes de la Argentina en el denominado ”juicio del siglo” -los fondos NML, de Elliott y perteneciente al Multimillonario Paul Singer, Aurelius y Olifant, que presentaron su opinión el pasado 7 de mayo-, derivó en un reacomodamiento de fechas para mañana martes, debido a que hoy se celebra en Estados Unidos el feriado por el Día de la Memoria.

Más allá de la importancia de la respuesta que Argentina eleve al tribunal, la atención ahora está puesta en el próximo 12 de junio. Durante esa jornada, el máximo tribunal de EEUU decidirá si acepta o rechaza el caso argentino, o si solicita una opinión al gobierno de Obama sobre esta cuestión, para terminar de tomar una decisión.

Tan sólo unos 18 días después, el 30 de junio, Argentina deberá realizar el pago de los bonos a los tenedores que ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010, y si llega a ser negativa la decisión de la Corte, el país podría caer en un ”default técnico” ante la posibilidad de incumplir con ese compromiso.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York avala el pronunciamiento del juez Thomas Griesa, sobre el pari passu (tratamiento igualitario) y, también, un método de pago peculiar de la sentencia, debido a que en Estados Unidos no existen activos comerciales para ser incautados.

La atención ahora está puesta en el próximo 12 de junio. Durante esa jornada, el máximo tribunal de EEUU decidirá si acepta o rechaza el caso argentino.

El juez neoyorquino determinó en 2012 que Argentina debe pagarle 1.330 millones de dólares a tres fondos (actualizables con intereses), cuya efectivización quedó en suspenso hasta el veredicto de la Corte Suprema. Quien lidera la defensa argentina es el ex procurador general de George W. Bush, el abogado Paul Clement, ayudado por el histórico estudio que representa al país en casos de deuda, Cleary Gottlieb.

Desde que Clement formalizó su ingreso, en noviembre de 2013, el Gobierno optó por alejar de la arena política el tema de los fondos buitre, y lo dejó estrictamente en el plano judicial.

La defensa argentina presentó escritos que expresan lo que el Gobierno entiende por ”tratamiento igualitario” – la misma oferta con quita para todos los acreedores-, y advirtió sobre el peligro que puede significar para las reservas argentinas si el país se ve obligado a cumplir con la sentencia, debido a la avalancha de juicios de bonistas del canje que podría llegar luego.

Al determinar potenciales escenarios, los analistas especializados dan cuenta de la posibilidad de que -en el peor de los casos- el gobierno se vea judicialmente obligado a entrar en default.

En rigor, el acuerdo con los acreedores que ingresaron a los canjes también se rompería si Argentina acata una decisión judicial desfavorable y paga a los holdouts el 100% estipulado por el juez Griesa, debido a que los tenedores de títulos reestructurados también podrán demandar ser resarcidos de igual forma, sin la quita que aceptaron en su momento.

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