Un fallo judicial de segunda instancia rechazó el pedido de una empleada y negó que la alícuota esté por fuera de las normas.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó declarar la inconstitucionalidad del artículo de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que considera materia imponible la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia.

La Sala V de la Cámara ratificó el fallo de primera instancia que se opuso a la acción de amparo de Julieta Sabatino, empleada de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, quien argumentó que la remuneración que percibe por su labor “no es ganancia”, y que la suma que se le retenía era “confiscatoria”.

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Las razones del rechazo fueron similares esgrimidas con anterioridad cuando el tribunal negó una medida cautelar porque, a su criterio, la reclamante no demostró su incapacidad para hacer frente al tributo ni que el impuesto fuera confiscatorio.

La demandante había aportado documentación según la cual se llegó a retener hasta un 12% de sus ingresos brutos en concepto de salarios, “incompatible” con su derecho de propiedad.

Según la Sala V de la Cámara, “las retenciones practicadas” sobre los haberes de Sabatino se sustentan “en una ley en sentido formal y material, emanada del Congreso Nacional”, en tanto un supuesto de confiscatoriedad “está sujeto a rigurosas exigencias de prueba tendientes a poner en evidencia su acaecimiento”.

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Para el tribunal, la amparista “no explica de acuerdo con qué parámetros y sobre qué base imponible (o sobre qué importes mínimos) debiera ser actualmente calculado ese impuesto para que no resultara confiscatorio”.

Los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Guillermo Tracy y Jorge Alemany tuvieron en cuenta, además, que la demandante es “una persona física, soltera, sin hijos”.

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Los camaristas recordaron que “los mínimos no imponibles aplicables han sido incrementados por el Decreto 394/2016, la Ley 27.346, y demás normas reglamentarias y complementarias, sobrevinientes a la interposición de la demanda, iniciada en 2014”.

Los magistrados agregaron que es una “cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial” evaluar “la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro”, sino que “sólo le corresponde declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional”.

Fuente: Télam

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