La Argentina no está sola en el conflicto contra los fondos buitre. Sin embargo, los bonistas reestructurados con sede de pago en el Bank of New York Mellon (BoNY), principales damnificados por la sentencia del Thomas Griesa, aún no han mostrado su disconformidad con las órdenes del juez estadounidense.

El proyecto de ley que prioriza a Buenos Aires como sede de pago apunta esencialmente a que se produzca una reacción por parte de los tenedores de títulos reestructurados.

Los Eurobondholders (bonistas europeos), por ejemplo, han decidido apelar la orden de que se pague por única vez que dictó Griesa.

Sin embargo, el silencio de los bonistas que cobran a través del Bank of New York Mellon resulta llamativo para Economía, así como la falta de pedidos de aceleración de los pagos, aseguró Tiempo Argentino.

”Puede que estén a la espera de un acuerdo en el corto plazo”, opinó un funcionario de Economía, quien agregó: ”sería el mejor de los mundos para ellos: ganan los holdouts por el pago del 100%, ganan por el cobro de los Credit Default Swaps (CDS) y también los bonistas del canje porque litigan la cláusula RUFO”. Si su interpretación es correcta, los acreedores reestructurados tienen motivos de sobra para no acelerar (solicitar el pago anticipado de alguno de los bonos) y no realizar acciones contra el fiduciario ni apelaciones al juez.

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”Dentro del universo de los bonistas”, explica la economista Fernanda Vallejos, ”probablemente haya entidades diversas, incluso parte de los títulos pueden estar en manos de los buitres, por lo que no sería extraño que litiguen por la RUFO”. Vallejos explicó que esta estrategia ”depende de que Argentina caiga en la trampa del fallo de Griesa y llegue rápidamente a un acuerdo, lo cual no va a suceder”.

El nuevo proyecto denominado Ley Pago Soberano Local de la Deuda Externa Argentina tiene como principal objetivo mostrar esta determinación. La iniciativa que ya se discute en el Congreso de la Nación prevé depositar el dinero en una cuenta de Nación Fideicomisos SA en virtud del incumplimiento de las funciones del BoNY.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, aclaró en la conferencia de prensa del último miércoles que ”si algunos de los bonistas no quiere el pago en Argentina, se puede movilizar, juntar el 25% de los bonos y elegir su propia sede”. Por lo tanto, el proyecto obliga a los bonistas a reaccionar, tanto al entregar la información certificada para cobrar a través de Nación Fideicomisos o al elegir otro medio de pago.

El juez declaró que el proyecto de ley presentado es ”ilegal” porque ”la propuesta del 19 de agosto permitiría un depósito a los bonistas del canje, pero ningún pago para las otras obligaciones”. Sin embargo, la interpretación de Griesa es infundada: paralelamente, se creará una cuenta de Nación Fideicomisos SA en el Banco Central en la que el gobierno argentino depositará a los holdouts el mismo dinero, para cumplir con la equidad en el trato que indica el pari passu (igualdad de trato). Cuando aquellos tenedores de bonos que están en cesación de pagos decidan ingresar en el canje, dispondrán de la suma de los fondos acumulados en el tiempo.

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En Economía esperan que los acreedores puedan denunciar al BoNY por incumplimiento de sus funciones y rechazar el fallo de Griesa. Dicho juez ha sancionado y reprendido numerosas veces a la Argentina, pero evitó atacar al sector privado, allanando el pago por única vez al Citibank.

En Economía consideran que ”si surgen demandas de bonistas, Griesa se va a ver inmerso en su propia olla a presión” y que ”hay que ver si declara en desacato a los bancos y los bonistas” por colaborar con Argentina en el cambio de sede de pago.

En el Palacio de Hacienda interpretan que el juez ha retrocedido respecto de su fallo y sus órdenes por los terceros implicados que aparecieron, y también aquellos que aún no intervinieron. Por ejemplo, se estima que en todo el mundo existen alrededor de U$S 600 mil millones de bonos con cláusulas pari passu, que podrían verse afectados por la imposibilidad de una reestructuración de deuda.

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El apoyo de los organismos como las Naciones Unidas, el G-77 más China, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unasur, e incluso de organizaciones no gubernamentales como la Red Jubileo de Estados Unidos y países como Brasil o México, ha sido contundente. Sin embargo, el sector privado sólo apareció cuando sufrió una afectación de sus intereses. El BoNY, el Euroclear, el Citibank y los Eurobonistas pidieron aclaraciones de Griesa para desligarse de posibles juicios por incumplimiento, y el juez cedió en dichas oportunidades.

Según Vallejos, el proyecto de ley será exitoso porque ”efectivamente el interés de la mayoría de los bonistas es cobrar, tal como expresaron los italianos”. Desde el ministerio señalan que ”depende poco de nosotros” lo que acontezca en relación con los fondos buitre. En efecto, en el ajedrez del litigio, Argentina ya ha jugado sus cartas.
Buitres

Pablo Triana, de la ESADE Business School, escribió para Financial Times que el fondo ”Elliott litiga para ganar dinero, y en este caso el único camino puede haber sido comprando seguros de default, el verdadero objetivo” de los fondos buitre.

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