El Gobierno y el sector privado mantienen una dura negociación en materia petrolera, que si bien recibió menos difusión que la pelea por el impuesto a las ganancias, tendrá efectos estructurales sobre la economía local aun mayores que los posibles cambios en el hiperpromocionado gravamen. Se trata del futuro precio del petróleo en el país, hoy por encima de sus referencias internacionales, que repercute sobre ítems cercanos al bolsillo de los argentinos, desde el precio de las naftas y el gasoil, la inflación o los costos de los fletes, hasta la situación laboral de los trabajadores patagónicos, la economía futura de esas provincias y la marcha de YPF, la mayor empresa del país, cuyo control está en manos del Estado.
Después de varios encuentros, los petroleros y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se volverán a ver hoy las caras en el Palacio de Hacienda. Tendrán que zanjar las diferencias que se llevaron de la reunión del miércoles pasado los empresarios petroleros, cuyo negocio responde a realidades distintas según el lugar y la calidad del petróleo que produzcan. Los separan 10 dólares por barril. Esa pequeña diferencia era hasta mediados de la semana pasada un abismo.
El Gobierno se anotó hasta ahora un punto a favor: nadie discute que en el transcurso del año próximo los precios del petróleo en la Argentina deberán alinearse, después de más de una década, con los precios internacionales. Es una bandera que defendió Aranguren entre una multitud de críticas del sector petrolero. Una de ellas proviene del presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, que esperaba una salida a más largo plazo del denominado barril criollo (así se llama al precio sostén para la actividad que se paga internamente, por encima del internacional).
LA NACION reconstruyó el estado de las negociaciones a partir de fuentes que participan de las discusiones. Pasada a un Excel, la propuesta con mayor aceptación hasta mediados de la semana pasada contemplaba una reducción mensual del precio del crudo local hasta julio del año próximo. Por ejemplo, el barril del denominado petróleo Medanito, propio de Neuquén, que hoy cuesta US$ 63, debería bajar hasta poco más de US$ 59 en enero próximo, arañaría los US$ 57 en abril y llegaría en el séptimo mes de 2017 hasta los US$ 55. Eso representa más de un 12% menos con respecto a los valores de hoy.
En el caso del Escalante, cuya producción mayor está en Chubut, alcanzaría en julio próximo los US$ 47, un poco menos de un 8% debajo de su valor actual.
Según las condiciones que se manejan en la negociación, el acuerdo será transitorio hasta un mes antes de la vigencia de los valores internacionales, algo que ocurrirá en septiembre del año próximo. Además, si el precio que contempla el acuerdo resulta inferior al internacional en un momento determinado, desde el mes siguiente se aplicarán las referencias internacionales.
También se contemplarán los vaivenes cambiarios locales, por lo que el convenio regirá dentro de una banda de paridad entre el peso y el dólar que aún no se definió (salvo la venta de combustibles, el mercado petrolero está dolarizado en la Argentina).
Esa propuesta no termina de convencer a varios de los actores de la industria. Los más molestos son los dueños del petróleo de Chubut, un lote liderado por Pan American Energy (PAE), de la familia Bulgheroni, la china Cnooc y la británica BP, del que participan también la firma chilena Sipetrol y Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. No lo dirán públicamente, pero creen que la negociación actual las penaliza, dado que contempla al final del camino una diferencia de US$ 10 entre su barril y el neuquino (donde se concentra la producción de YPF). Según sus voceros, la diferencia histórica fue de hasta 6 dólares.
Delante de ellos está el gobernador de la provincia, Mario Das Neves, que está al tanto de las discusiones y criticó públicamente el camino que tomaron. Su molestia tiene explicaciones fiscales: las provincias cobran regalías sobre el precio final de venta de los hidrocarburos, por lo que su reducción implica que recibirán menos recursos de manera inmediata.
Final incierto
Como en todas las grandes negociaciones, difícilmente todos terminen contentos. A la lista de preocupaciones se les suman las refinadoras. La única que no tiene producción propia de petróleo es Shell, al mando de Teófilo Lacroze, sucesor de Aranguren en ese sillón y uno de los más activos en las discusiones. Ocurre que las naftas subieron en el año poco más de 30%. El último incremento fue en mayo.
Pese a que los automovilistas se molestan ante las remarcaciones, esta vez las empresas tienen más motivos para el disgusto, dado que la devaluación, superior al 60% desde diciembre, impactó directamente sobre sus costos, ya que el barril de crudo se paga en dólares y representa en torno del 80% de sus costos. Pese a eso, Aranguren sostuvo la semana pasada que no cree que haya espacio para aumentos de los combustibles este año. Sólo una baja en el barril local de petróleo podría contener los aumentos y volver a recomponer los números de las empresas.
Entre las mayores perjudicadas está YPF. La gestión de la petrolera puso la negociación al tope de la lista de preocupaciones. A los encuentros asisten Gutiérrez y Carlos Alfonsi, uno de los vicepresidentes más importantes, dedicado a la refinación y producción de combustibles. Por el lado de PAE va Marcos Bulgheroni.
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