Cuánto perderán los salarios mendocinos por la inflación

Varios referentes de la economía estiman que los ingresos en Mendoza perderán entre 5% y 8%. Los privados, los más afectados por la suba.

La inflación que el gobierno nacional había estimado para todo 2018 era de 15%, pero la trayectoria del índice de precios al cosumidor ya muestra otra realidad, en donde esas previsiones quedaron viejas. Con ese valor en mente (15%) se cerró la mayoría de las paritarias y si bien muchas incorporaron una cláusula de revisión, es poco probable que se equiparen a la suba de los precios. En el camino, el peso sufrió una importante devaluación, lo que generó que el valor de ciertos productos, en especial los alimentos exportables, sufra un incremento superior al índice inflacionario. Economistas consultados consideran que los salarios sufrirán una pérdida de 5 a 8% frente al aumento de los precios. 

Jorge Day, economista del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea), señaló que un dólar alto favorece a los exportadores pero perjudica a los asalariados, porque sus ingresos se rezagan con respecto a la inflación. Y añadió que este fenómeno es más notorio aún en una economía estancada; situación que se registra cíclicamente desde el 2012, con crecimiento un año y estancamiento al siguiente. 

A partir de lo que ocurrió en las dos últimas devaluaciones, la de principios de 2014 y la de fines de 2015, Day infiere que se puede esperar una caída del poder adquisitivo de los salarios de por lo menos un 5% para el sector privado y esto porque en el primer trimestre aún no había impactado el significativo aumento en el valor del dólar. Para el sector público, por las dificultades financieras que está atravesando el gobierno provincial, estimó que ese porcentaje podría ser algo mayor.

El economista recordó que en 2014 la capacidad de compra de los asalariados en el sector privado terminó cayendo 9% y en 2016  6%, mientras en el sector público el impacto fue mayor en 2016 ya que las complicaciones financieras del Estado provincial provocaron que incluso se demorara el pago de salario a fines del año anterior.

En estas dos ocasiones, señaló Day, la caída del poder de compra de los asalariados se tradujo en menores ventas, especialmente minoristas, en supermercados y en centros comerciales. También motivó el cambio de hábitos en parte de la población y muchos optaron por empezar a hacer sus compras en los comercios mayoristas.

Para 2018 no sólo hay que considerar la disminución del poder adquisitivo sino que el incremento del valor del dólar ha sido superior al que hubo en las dos devaluaciones anteriores y el mercado interno se ha resentido más, por lo que el especialista del Ieral no avizora, pese a las presiones gremiales, que se vaya a lograr que los incrementos salariales compensen la mayor inflación.

Raúl Mercau, economista y rector de la Universidad Champagnat, recordó que las negociaciones salariales de principios de año obtuvieron incrementos que estuvieron entre el 15 y el 20%, en el mejor de los casos. Si bien algunos incorporaron cláusulas gatillo o de revisión, y unos pocos han logrado renegociar ese porcentaje, estimó poco probable que alcancen el 30% o más, para equipararse a la inflación acumulada estimada para 2018.

Por otra parte, el incremento del valor del dólar se va a trasladar a los precios, especialmente al de los bienes importados y exportables. Dentro de este último grupo, planteó Mercau, un rubro importante es el de los alimentos, en los que el aumento del valor internacional impacta en el que tienen en el mercado interno, ya que los productores apuntan a obtener un beneficio similar al que logran cuando exportan.

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El economista señaló que, como este incremento se va a reflejar en el valor de la Canasta Básica, el deterioro de los salarios va a ser mucho mayor por el aumento de la divisa norteamericana que por la inflación. Asimismo, resaltó que se empezó el año con un dólar a $ 18,40 y se está calculando que a fin de año rondará los $ 32, por lo que la devaluación ascenderá a 74%. 

El menor poder adquisitivo del salario no sólo perjudicará al consumo sino también a la inversión, que además se verá afectada por el dólar alto y las elevadas tasas de financiamiento. Raúl Mercau indicó que en el primer trimestre de 2018 las inversiones crecieron un 18% con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, estas están asociadas en gran medida a la adquisición de maquinarias, que en muchos casos son importadas, y a la construcción -obra pública y privada-, que seguramente se verá afectada por el alza del valor de insumos dolarizados como el hierro y el cemento.

En cuanto a las posibilidades de atenuar el impacto de la inflación y el dólar en los salarios, enunció que los ingresos de los trabajadores dependerán de lo que pueda conseguir cada sindicato, pero que el gobierno puede acompañar con medidas como la extensión de Precios Cuidados, de modo que el costo de los alimentos no suba tanto. También manifestó que se pueden generar políticas públicas de intervención directa para los sectores de menores ingresos -a modo de subsidios, cupones o un incremento de la Asignación Universal por Hijo-, ya que son los más vulnerables frente a la suba de la Canasta Básica.

Rodrigo González, director ejecutivo de la Fundación Ideal, explicó que la merma en el poder adquisitivo se empezará a notar a partir de setiembre u octubre. Esto, porque el año comenzó con sueldos de 2017 y una inflación alta, mientras el incremento salarial se fue aplicando a partir de abril y habrá una ganancia temporal, durante el segundo y tercer trimestre, al índice inflacionario.

Sin embargo, a medida que la paritaria se aleja en el tiempo, comienza a notarse el efecto negativo del aumento de los precios. González agregó que el poder adquisitivo es bastante débil en comparación con el de 2017 y que esto se nota en los indicadores de consumo en el sector comercial.

En cuanto al elevado valor del dólar, mencionó que se verán beneficiados los exportadores y quienes competían con las compras en Chile: el comercio de tecnología, electrodomésticos e indumentaria. También será un contexto favorable para el turismo de gama media y alta, que en lugar de viajar al exterior optará por escapadas y turismo nacional. En cambio, serán perjudicados sectores como la construcción, los bienes de consumo masivo y servicios de entretenimiento, ya que la gente empieza a recortar sus gastos.

Daniel Garro, economista y director de la consultora Value International Group, comentó que los gremios que demoraron más los acuerdos salariales -el caso de los camioneros- se vieron beneficiados, ya que pudieron negociar con el contexto de la corrida bancaria, la fuerte suba en la inflación, los cambios ministeriales y el acuerdo con el FMI; algo que no podían vislumbrar quienes cerraron paritarias antes.

La caída del salario real, estimó Garro, podría llegar a ser, en promedio, del 8%, ya que los cálculos indican que la inflación de 2018 superará a la de 2017. Para él, el escenario para lo que queda del año será complejo y detalló que seguirán los conflictos sociales, que las medidas que apuntan a reducir el gasto público son escasas y que no se trabaja en reducir la presión tributaria para que el costo de producción sea menor.

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El doctor en Economía Pablo Salvador coincidió con avizorar un desfasaje del 5% de los salarios de los trabajadores, tanto del sector público como el privado y el informal, con respecto a la inflación. Esta caída del poder adquisitivo de las familias acentuará la caída en el consumo, que es notoria en comparación con 2017, aunque aclaró que en este escenario han intervenido otros factores.

Aumentar los salarios

Para Jorge Day, la clave para conseguir mejores salarios en el mediano plazo es incrementar la productividad, lo que se relaciona con la matriz productiva de la provincia. Para ejemplificarlo, indicó que el salario promedio en las provincias patagónicas y en la Ciudad de Buenos Aires supera ampliamente al de Mendoza, y que se debe en un caso a la importancia del sector petrolero y en el otro a que se concentran las casas matrices de las grandes empresas del país. De ahí que considere que se debe pensar a qué debería apuntar la actividad económica para elevar los ingresos de los trabajadores. 

El especialista también explicó que otro punto a tener en cuenta es la diferencia entre salarios públicos y privados. Sobre esto, indicó que trabajar en el Estado tiene la ventaja de la estabilidad laboral, por lo que, como contraparte, el sector privado debería ofrecer mayores ingresos. Sin embargo, esto no se observa en Mendoza, donde ambos son similares pero, cuando se excluye a los docentes estatales, el salario público es un 50% mayor que el privado. 

Como la producción se vincula al sector privado -agro, industria, servicios-, desalentar la actividad privada implica una dificultad para incrementar la producción y así también es más difícil lograr una mejora sustancial general en los salarios. Day resaltó que, si se piensa en el mediano plazo, se deben diseñar políticas que apunten a cómo ser más productivos y cómo alentar el trabajo en el sector privado, para conseguir mejores ingresos en el futuro.

Canasta básica e inflación

Según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, elÍndice de Precios al Consumidor (IPC) ha registrado un incremento del 16,3% entre enero y mayo. El mes pasado, una familia de cuatro miembros -adultos de 35 y 31 años y niños de 8 y 5- necesitó $16.389,63 para poder satisfacer sus necesidades de alimentación y servicios básicos, es decir, para no ser considerada pobre.

Los rubros del IPC para el Gran Mendoza que mayor variación han registrado en lo que va del año son: vivienda y servicios básicos (31%), transporte y comunicaciones (23,5%) y esparcimiento (16,1%); a los que le siguen educación (12,7%), equipamiento y mantenimiento del hogar (12,1%), alimentos y bebidas (11%), indumentaria (10,8%) y atención médica y gastos para la salud (9,6%). 

La Canasta Básica Total, que también releva la DEIE, pasó de $14.514,90 en enero a $16.389,63 en mayo. Se trata del conjunto de bienes y servicios que necesita una familia para satisfacer necesidades básicas y no ser considerada pobre. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, es decir la que marca la línea de pobreza extrema o indigencia, tenía un valor de $ 5.375,89 en enero y de $ 5.938,28 en mayo.

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