El Ejecutivo modificó el esquema regulatorio de las inversiones de las petroleras y se dejó la aplicación de un marco normativo más dócil a cargo del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina. A continuaciones algunas de las consecuencias:

1) Reducción de la presencia del Estado nacional en la planificación de las inversiones del sector y el otorgamiento de los permisos de explotación y exploración, en favor de las provincias.

2) Derogación de 17 artículos del Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera. Las implicancias de esto es , entre otras cosas, que se dejará de correr el plazo no mayor a los 60 días para la evaluación del plan anual de inversiones de cada empresa y su verificación de consistencia con respecto al plan nacional de inversiones hidrocarburíferas.

3) Quita de la exigencia para que se audite y fiscalice en forma trimestral el cumplimiento del plan anual de inversiones de cada empresa y de las sanciones correspondientes en caso de que correspondan.

4) Se eliminó el artículo 20, que tal como señala el matutino Página 12, establecía que “las refinadoras no podrán a consecuencia de paradas técnicas o imprevistas dejar de abastecer adecuadamente a su cadena comercial”.

5) Se eliminó el artículo 28 que permitía que la comisión tenga la facultad para auditar los costos informados por los productores y sus precios de venta.

6) Fue derogado el artículo 31 que permitía a la comisión la aplicación de multas, apercibimientos y nulidad o caducidad de concesiones o permisos.

Según indica el economista Claudio Scaletta, en el diario Página 12, “la disolución de la Comisión decidida ayer por Mauricio Macri, junto a buena parte del articulado regulador de la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, representa simplemente un proceso de liberalización sectorial que reduce significativamente el margen de acción del Estado Nacional”.

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