Cómo surgió el bono paralelo

A más de dos meses de iniciada la investigación de este diario que reveló un subsidio clandestino a desocupados por $5.000 montado por el Gobierno en todo el país a través de punteros en plena campaña electoral, la maniobra exhibe su rostro más dramático a diario en interminables filas alrededor del Ministerio de Producción y Trabajo de personas que inútilmente aguardan ser anotadas a un programa cuyos recursos ya fueron agotados. El programa, investigado en una causa a cargo de la Justicia federal, quedó resuelto en una reunión de seis personas al máximo nivel del Ejecutivo que Ámbito Financiero logró reconstruir.

Fue un encuentro en la sede del Ministerio de Desarrollo Social con la participación de su titular, Carolina Stanley, sus pares de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Hacienda, Hernán Lacunza, y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso. La conversación giró en torno de la posibilidad de habilitar un pago extraordinario –por entonces estaba en debate la posibilidad de sancionar una ley de Emergencia Alimentaria- asociado al último tramo de la campaña con la posibilidad de que fuese tramitado por dirigentes de Junto por el Cambio.

El eje de la discusión pasaba por cuál sería el área de gobierno encargada de la puesta en marcha de un plan de ese volumen, pensado para tener un alcance máximo de 130 mil beneficiarios de todas las provincias, y a riesgo de que fuese descubierto y tachado de maniobra electoralista, como finalmente sucedió. En ese punto intervino otro de los asistentes: Ignacio Pérez Riba, jefe de Gabinete de Producción, alzó su voz para decir que esa cartera contaba con herramientas administrativas para montar el programa de subsidios.

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Pérez Riba ya era un funcionario destacado de Producción cuando la repartición se encontraba a cargo de Francisco Cabrera y sobrevivió en ese puesto luego del recambio con Sica. Su ofrecimiento destrabó un debate hasta ese momento estéril a partir de la negativa que había manifestado Stanley a cargar el plan sobre sus hombros, a pesar de que Desarrollo Social era en aquel entonces la única cartera con manejo de programas sociales.

De hecho en Producción y Trabajo debieron acudir a un mecanismo administrativo que se encontraba en desuso para desplegar los subsidios: el programa 906, que prevé la posibilidad de desembolsos de montos no remunerativos en casos excepcionales de emergencias (desastres naturales, crisis sociales) había tenido movimiento sólo hasta 2017. Sobre la base de esa herramienta la firma recayó en el secretario de Empleo, Fernando Prémoli. Así surgió la resolución 1177 de circulación interna y nunca publicada en el Boletín Oficial, que sirvió para darle marco legal a una maniobra pensada con fines electoralistas.

El plan avanzó incluso cuando este diario advirtió, el 23 de septiembre, que estaba en preparación un desembolso masivo de subsidios, y también después del 9 de octubre, una vez que Ámbito Financiero publicó la resolución oculta, que Prémoli había suscripto seis días antes. En aquel momento la vocería oficial de Sica todavía negaba ante las consultas periodísticas que estuviese en marcha el programa de pagos a desocupados.

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La inquietud ante las consultas se convirtió en pánico para algunos funcionarios a partir de la intervención de la jueza federal con competencia electoral María Servini, que el 18 de octubre frenó el pago entonces en plena ejecución de una primera tanda para 80 mil beneficiarios por entender que a una semana de las elecciones generales podía ser utilizado para una maniobra de clientelismo, en línea con lo denunciado por el Frente de Todos.

En los últimos días ni siquiera las largas colas que se extienden a diario a lo largo de la manzana de la sede central de Producción y Trabajo, en Alem al 600, de desocupados que reclaman un bono, motivó una respuesta formal de parte de Sica y su equipo. De hecho, con los $650 millones de presupuesto de la resolución 1177 ya agotados (caída la cautelar se pagó la primera tanda y luego una segunda para casi 50 mil personas) los funcionarios sólo atinan a tomar nota de las personas que hacen las filas con la vaga promesa de analizar algún tipo de atención una vez finalizada la gestión de Mauricio Macri, luego del 10 de diciembre.

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