Esa instancia expresó que el juez de distrito Thomas Griesa había extendido de manera inapropiada la condición de acreedores que poseen deuda y pueden solicitar que se les abone tras el default de Argentina por USD 100.000 M en 2002.

El magistrado Griesa había sentenciado en junio que la República Argentina tendría que desembolsar USD 5.400 M a más de 500 acreedores (los “me too”), que se agregaron a la demanda promovida por los fondos buitre que no reconocieron las reestructuraciones de deuda propuestas por  Argentina.

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El fallo de la citada Corte ordenó al juez retornar a una definición más acotada de la condición de inversores y efectuar una audiencia para exhibir evidencia que fije el importe correspondiente a los perjuicios.

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