Los abogados defensores de la vicerpresidenta pidieron al máximo tribunal que revoque los fallos que dispusieron el inicio de un juicio oral en ambas investigaciones, por considerar que se tomaron decisiones «arbitrarias» en casos de una significativa «gravedad institucional».

    La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicte su sobreseimiento en las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán y revoque los fallos que dispusieron ir a juicio oral en ambas investigaciones.

    En dos recursos de queja presentados ante el máximo tribunal del país, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron dejar sin efecto los fallos al respecto firmados por la sala I de la Cámara Federal de Casación, según escritos a los que tuvo acceso Télam.

    «Cabe enfatizar que esta arbitraria decisión irroga perjuicios que no se limitan a la faz procesal, sino además se proyectan en otros ámbitos, con motivo de la indebida utilización de estas actuaciones por parte de terceros para alimentar una campaña de persecución en contra de nuestra representada«, advirtió su defensa.

    En ambos casos, los letrados remarcaron que las sentencias de Casación se dictaron con el voto de dos magistrados, luego de la decisión de la Corte de hacer cesar en sus funciones a la tercera integrante de la sala I Ana María Figueroa.

    La Corte declaró que la magistrada «cesó en sus funciones» el 9 de agosto pasado, tras cumplir 75 años sin haber logrado el acuerdo del Senado para prorrogar su permanencia en el cargo, algo que ocurrió después y, ahora, Figueroa reclamó al Consejo de la Magistratura que la restituya en Casación.

    De esta forma, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña firmaron las sentencias «sin siquiera haberse expuesto las razones por las cuales no se convocó a un tercer juez para deliberar», sostuvieron los abogados al recordar que según trascendidos periodísticos Figueroa se iba a pronunciar por confirmar los sobreseimientos.

    «No se nos escapa que el artículo 30 bis del código de rito hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces; empero, dicha norma -por cierto de dudosa constitucionalidad- no les acuerda a los magistrados una prerrogativa discrecional para acotar el marco de deliberación y así excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos», agregaron.

    Los abogados remarcaron que, en ambas causas penales, los argumentos de la defensa conducen «inexorablemente al dictado del sobreseimiento» de la Vicepresidenta.

    «La decisión manifiestamente arbitraria adoptada por los jueces Barroetaveña y Petrone vulnera el derecho que le asiste a nuestra defendida de obtener, en un plazo razonable, una decisión jurisdiccional que de una vez por todas ponga fin al estado de incertidumbre y de restricción de derechos que supone el seguir afectada a estas actuaciones», agregaron

    En el caso puntual de Hotesur-Los Sauces, la queja directa ante el máximo tribunal por recurso extraordinario denegado en Casación, se presentó también por el hijo de la ex Presidenta, Máximo Kirchner, y otros dos imputados junto con ellos en la investigación.

    La defensa aludió a un «caso grave de privación y denegación de justicia» y argumentó que las sentencias de Casación están descalificadas como «acto jurisdiccional válido» y además deben ser revisadas por la Corte en virtud del derecho al «doble conforme».

    Esto en virtud de que dos tribunales orales que preparaban esos juicios cerraron las causas con sobreseimientos a todos los acusados por inexistencia de delito y luego Casación las reabrió, sin que se someta a revisión por parte de otro Tribunal esta última decisión.

    También se mencionó la «enorme arbitrariedad» cometida y la «gravedad institucional» de los casos bajo análisis.

    «Existen razones fácticas y jurídicas suficientes que ratifican, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de transitar un debate oral, la procedencia del sobreseimiento» para evitar «la dilación» en los procesos, se argumentó en ambas presentaciones.

    En lo referido a la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, la defensa recordó que denunció «indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de estas actuaciones y, a su vez, corroboraron el temor objetivo de parcialidad» que «recae sobre la actuación» de los camaristas que ordenaron reabrir la pesquisa en 2021, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

    La semana pasada se sortearon jueces para integrar el Tribunal Federal 8, a cargo de la causa Memorándum, y el 5, por los Sauces Hotesur.