Un allanamiento dispuesto por la fiscalía en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral derivó en el secuestro de documentos y una  orden de detención contra su jefa interina. El tribunal electoral denunció que el procedimiento provoca «un ambiente adverso a la legalidad».

    Una fiscalía guatemalteca realizó en las últimas horas un allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevarse documentos y ordenó la detención de su jefa interina, en otra controvertida decisión tomada a un mes del balotaje presidencial.

    «La Fiscalía Especial contra la Impunidad concluyó una diligencia de allanamiento en la Dirección de Recursos Humanos del TSE, donde secuestró documentación», indicó un breve comunicado publicado por el Ministerio Público en la red social Twitter.

    «Apoyamos la labor del TSE a favor de la continuidad de las elecciones»OEA

    Posteriormente, el tribunal electoral denunció que el procedimiento y la orden de captura contra Eleonora Castillo, subdirectora que actualmente ejerce como jefa interina, «no son coherentes ni congruentes» y que «provocan un ambiente adverso a la legalidad».

    Una fiscalía realizó un allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral / Foto: Archivo.

    «Ante ello, demandamos el respeto al TSE y garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además del estricto cumplimiento de las leyes y el respeto a las jerarquías de la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos», alertó un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.

    En el mismo sentido, la Organización de los Estados Americanos (OEA) mostró nuevamente su preocupación por la actuación de la Fiscalía: «Apoyamos la labor del TSE a favor de la continuidad de las elecciones».

    «Preocupan los reiterados intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, la intervención reiterada del Ministerio Público y la persecución a funcionarios electorales», denunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

    Diversos recursos judiciales fueron presentados por partidos derechistas que perdieron en la primera ronda / Foto: Archivo.

    (S)Diversos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía pusieron en duda la realización de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto próximo entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

    Hace una semana, esa dependencia había allanado las oficinas del Registro de Ciudadanos (padrón electoral) para poner bajo custodia la documentación de Movimiento Semilla, liderado por Arévalo, la sorpresa de la primera vuelta del 25 de junio.

    Diversos recursos judiciales de partidos derechistas que perdieron esa primera ronda y la inhabilitación de Semilla (anulada un día después) enturbiaron la campaña de cara al balotaje.

    En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, denunciada por perseguir a periodistas críticos

    En ese marco, llegó la nueva orden de registro en la Dirección de Recursos Humanos del TSE y la decisión del juez Fredy Orellana de librar una orden de detención contra la subdirectora de esa área, Eleonora Castillo, «por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez» para suspender a Semilla.

    Castillo, quien goza de inmunidad, según el TSE, ejerce como jefa interina del padrón electoral por las vacaciones de su titular, Ramiro Muñoz, informó la agencia de noticias AFP.

    La suspensión de Semilla fue solicitada por el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien señala irregularidades en la inscripción de afiliados del partido creado en 2017.

    En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, quien en el pasado fue denunciada por perseguir a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.

    El miércoles último, tanto el juez Orellana como la fiscal Monterroso fueron incluidos por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en «actos corruptos y antidemocráticos», a quienes les prohíbe ingresar a esa nación.